Moncloa eleva el órdago: renovar el CGPJ sin el PP

Moncloa busca que el PP vuelva a la negociación para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial por su propio pie, pero sin ofrecer claramente un nuevo clima de acuerdo y sin renunciar a la polémica reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición, la condición más importante para que los populares regresen a la mesa de negociación. A pesar de ello, en Moncloa se fía todo a elevar el órdago con el principal partido de la oposición con la clara intención de que esta negociación –hoy rota– les pase factura en las elecciones. Para ello se apuesta por denunciar que el principal partido de la oposición «incumple la Constitución» y en extender todo tipo de descalificativos hacia los populares y a su máximo jefe, Alberto Núñez Feijóo, al que dan por amortizado y acusan de «rebeldía constitucional».

De esta manera, en Moncloa se opera bajo la estrategia de la presión hacia los populares dando aire a tomar otras decisiones para «devolver a las instituciones judiciales su funcionamiento normal» sin el PP. Este lunes, la portavoz del Ejecutivo, la ministra Isabel Rodríguez, no cerró la puerta a la alternativa para renovar el CGPJ que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso de los Diputados en 2020 y que es la misma que exigen los morados ahora que se descongele. Una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que se rebajarían las mayorías necesarias para renovar el órgano judicial (actualmente esta mayoría requiere del voto a favor de tres quintos de la Cámara Baja, una mayoría reforzada de 210 diputados).

En Moncloa evitan dar mayores explicaciones sobre cómo pretenden garantizar el cumplimiento de la Constitución, pero en rueda de prensa, preguntada explícitamente en varias ocasiones la ministra portavoz sobre sí recuperarán la rebaja de las mayorías para elegir a los 12 vocales del turno judicial del Poder Judicial, la ministra rehusó orillar esta posibilidad. De esta manera trasladaban la presión a las filas populares. Renovar la cúpula judicial sin contar con el PP. «Lo que quiero garantizar a los españoles es que el Gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución y va a trabajar para garantizar que funcionan los órganos a pesar del PP».

Esta reforma, sin embargo, quedó retirada en abril del año pasada, después de que Europa advirtiera de los efectos negativos de la misma para lograr la independencia de los jueces. Y, de momento, en Moncloa no quieren volver a desempolvarla, a pesar de que presionen públicamente con ella. En el caso de que finalmente se avengan a descongelar la reforma orgánica, ya contarían en el Gobierno con la justificación necesaria: la única opción para no saltarse la Constitución. En privado, la idea que trasladan fuentes gubernamentales es que «no hay alternativa al no acuerdo» pero prima la estrategia de cargar contra el PP como culpable. «Les exigimos cumplir con el mandato. No podemos naturalizar el incumplimiento constitucional de esta envergadura», zanjan las citadas fuentes.

En el Ejecutivo cuentan con otra opción, que es la de agilizar la renovación del Tribunal Constitucional. Cuatro de sus magistrados tienen el mandato caducado y, de ellos, dos deben ser nombrados por el Gobierno –aunque la ministra portavoz no aclaró cuando designará a sus candidatos– y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, que no puede hacer nombramientos, pero que el Ejecutivo si puede devolverles esta facultad.

Sin aclarar ninguna opción sobre cómo renovar el órgano, en el Ejecutivo fueron durísimos contra el PP tratando de desmontar la imagen de renovación y moderación en Génova. «No lidera nada, ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y del país (…). Para insultar, bloquear e incumplir la Constitución ya teníamos a Pablo Casado», cargó la ministra portavoz. «Lo que ha hecho este señor, no me atrevo a llamarle líder del PP, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso», atacaba el Ejecutivo. En el Ejecutivo acusan a los populares de chantajes y avisan de que no cederán. «Lo que va a hacer el Gobierno será cumplir la Constitución. Es una obligación del Gobierno, pero también de la oposición», zanjaban.