El Gobierno apunta a los jueces para tapar el fiasco de la Ley del «solo sí es sí»

Una huida hacia delante. El Gobierno se abrió en un principio, tras la avalancha de recursos judiciales que aminoraban las penas de agresores sexuales al amparo de la Ley del «solo sí es sí», a revisar la norma. Una respuesta ágil para cegar el resquicio jurídico que habilitaba a una interpretación favorable para los condenados por delitos tan graves. Sin embargo, la estrategia ha virado en apenas unas horas. El Ejecutivo no está dispuesto, por el momento,a asumir ninguna responsabilidad por la negligencia –ejecutiva y legislativa– en la redacción del texto legal y se esconde detrás de los jueces para desviar la atención de un error propio que no deberían tardar en subsanar.

La respuesta de los socios de coalición es dispar, aunque coincidan en posar su mirada sobre los tribunales. La línea oficial, marcada por el presidente del Gobierno desde Bali (Indonesia), se dirige a «dejarles trabajar» y esperar a que «unifiquen doctrina». La ofensiva de Podemos, para tapar el fiasco imputable a Igualdad, se centra en pasar el ataque, calificando de «machistas» a los magistrados que aplican la ley y deslizando acusaciones de prevaricación. Estos pronunciamientos han causado un profundo malestar dentro del Gobierno, que censura el choque directo entre poderes –Ejecutivo y Judicial– que ha propiciado Unidas Podemos y que resultó en un comunicado por parte del Consejo General del Poder Judicial, recordando que ya advirtieron de los efectos perversos de la redacción de la norma.

«Esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan», señaló ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, censurando a sus socios. En la misma línea se manifestó Pedro Sánchez desde el G20 que, no quiso mostrarse tan vehemente, pero sí enmendó la posición de los morados. Cuestionado explícitamente por si compartía las apreciaciones sobre «interpretación reaccionaria» que había hecho la delegada del Gobierno de Violencia de Género, Victoria Rosell, Sánchez señaló que «al contrario», que aboga por «dejar trabajar» a los tribunales para unificar doctrina en la aplicación de la ley y mostró su convencimiento de que «tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves». En paralelo, Justicia trabaja ya, tal como informó ayer este diario, en revisar la ley y las sentencias que se van conociendo para tomar una decisión sobre el futuro de la norma.

Presión interna

Sánchez intenta contemporizar y «hacer equilibrios», pero lo cierto es que la presión interna aumenta para que el partido reaccione y «corrija de inmediato» la actual redacción de la Ley de «solo sí es sí», que se resolvería con la introducción de una disposición transitoria que explique cómo se debe aplicar la ley. Los pronunciamientos se producen en privado y también en público. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llamó ayer a «reconocer los errores» y «revisar cuanto antes» la norma. «Los errores no siempre son de los demás. Si hay problemas de matiz, de una coma, de una tilde, conviene ponérsela, cuanto antes mejor, con humildad, con normalidad, nadie discute el fondo», señaló.

En la misma línea, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, publicó en su cuenta de Twitter: «Los debates jurídicos deben hacerse siempre con rigor técnico. Y cuando se detecta un efecto no deseado derivado de la aplicación de una norma, hay que corregirlo con carácter inmediato. Así es con la ley de “sí es sí”».

Lejos de este propósito de enmienda se encuentran en Podemos. En las últimas 48 horas, el partido y el Ministerio han puesto en marcha un argumentario claro: desprestigiar el trabajo de la Justicia a través de las redes, múltiples entrevistas en medios y declaraciones a la prensa. En esta estrategia entró incluso la propia ministra de Igualdad, que les acusó ayer de «incumplir la ley» y de «aplicarla de una manera defectuosa».

En privado fuentes del espacio morado sí ven con preocupación el alcance y las consecuencias de las revisiones de las sentencias, sobre todo por el coste electoral que pueda llegar a tener y que todavía no se ha calculado –según reconocen– por el hecho de que violadores puedan acabar en la calle, después de que los morados siempre hayan luchado por la bandera del feminismo. No obstante, Montero no prevé dimitir según fuentes de su entorno.

La estrategia de tinta del calamar pasa por un reparto de culpas. Las citadas fuentes precisan que se trata de una ley «de todo el Gobierno» y recalcan que la norma fue pactada en su día directamente con la exvicepresidenta Carmen Calvo y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo. «Están criticando su propia ley», dicen. En esta idea insistió la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, en una comparecencia en el Congreso, donde aludió a la responsabilidad de los diputados tras haber dado el visto bueno a la norma. Por su parte, desde el entorno de Yolanda Díaz se pidió «prudencia» y «analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas» y que la norma cumpla su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres.