El Gobierno ahonda en el “castigo” a Guardia Civil y Policía en los presupuestos tras las cesiones a Bildu

Los presupuestos de 2023 han quedado marcados por una cesión de alto voltaje del Gobierno a EH Bildu en Navarra: se ha comprometido a transferir las competencias de tráfico a partir del 31 de marzo a la Policía Foral. Sí es cierto que es una transferencia que sobrevolaba ya desde hace muchos años (desde el 2000 y la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, lo comprometió ya al llegar al gobierno foral en 2019) y así es como trata de justificarlo el Gobierno, aunque su materialización ha quedado «empañada» por las formas: un pacto entre el PSOE y EH Bildu, partido del que Pedro Sánchez renegaba y negaba que llegaría a acuerdos al principio de legislatura y partido que se ha caracterizado por su hostilidad a la Benemérita desde siempre.

Ese acuerdo entre PSOE y EH Bildu ha desatado un gran incendio político (ha soliviantado hasta al PNV), pero no es la única circunstancia que ha levantado polvareda en las negociaciones y debates de los presupuestos de 2023 a ojos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También han generado mucha polémica un reguero de enmiendas que han presentado PP y Ciudadanos a las cuentas en busca de mejoras para guardias y policías y que han sido vetadas o ignoradas por el Gobierno. Todo ello en un momento de máxima actualidad porque este sábado se concentran agentes de ambos cuerpos policiales a las 12:00 en Madrid para exigir mejoras en las condiciones laborales, como la jubilación anticipada o la jornada semanal de 35 horas.

La principal enmienda de todas es la equiparación salarial entre los Cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y los policías autonómicos: tanto PP como Ciudadanos han recogido esa reivindicación que lleva años sin materializarse del todo (se ha avanzado desde el pacto que entró en vigor en 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero todavía hay diferencias sustanciales de salarios) y han presentado una enmienda, pero se han topado con el veto del Gobierno, que no ha permitido ni el debate ni votación de esa petición. En total, el Ejecutivo valora que la equiparación salarial supondría un incremento de gasto de 1.000 millones de euros, por lo que la rechaza porque le descuadraría sus previsiones de gasto. La equiparación que se pide es tanto para salarios como jubilaciones porque en ambos casos perciben una mayor retribución los agentes autonómicos: según Jucil, asociación mayoritaria en el consejo de gobierno del Cuerpo, a nivel salarial sigue habiendo diferencias de en torno a 7.000 euros entre un guardia y un mosso, mientras que, a nivel de pensión, un guardia se jubila con un 55% de su sueldo y un mosso, con un 85%.

Pero eso no es todo: ambas formaciones reclamaron un «extra» salarial para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en zonas sensibles, como el Campo de Gibraltar o Cataluña. El PP introdujo una enmienda como complemento de destino en los municipios del Campo de Gibraltar; Ciudadanos, otra para los agentes destinados en Cataluña, pero ninguna de las dos se ha podido debatir tampoco porque han sido vetadas por el Gobierno.

En paralelo, según lamentó la diputada del PP, Ana Vázquez, durante el debate parlamentario en el Congreso ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno ha evitado vetar una enmienda de Esquerra Republicana para retirar a la Policía Nacional del edificio de Vía Laietana, que se ha convertido en un icono porque su traspaso es una reivindicación del independentismo. «A nosotros nos veta treinta y ocho enmiendas y no es capaz de vetar tan siquiera una de Esquerra que pedía echar a la Policía de vía Laietana. Ahí usted no tuvo agallas, ¿verdad, señor Marlaska? No las tuvo», le espetó Vázquez en el hemiciclo.

Aunque esas son las enmiendas vetadas más polémicas y que más quejas pueden suscitar entre los cuerpos policiales del Estado, también hay otras que arrastran malestar entre los cuerpos policiales, como una que desgranó el diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel, Gutiérrez, con la que se pide elevar la cuantía de las dietas ya que los agentes cobran «170 euros para manutención y alojamiento», según ha denunciado.

Por tanto, los presupuestos de 2023 han alimentado todavía más el descontento de los cuerpos policiales del Estado por cómo el Gobierno ha evitado satisfacer sus exigencias mientras Moncloa no ha escatimado en cesiones con sus socios independentistas: ha entregado tráfico de Navarra a Bildu y ha suprimido el delito de sedición a petición de Esquerra para eximir de responsabilidades penales a los responsables del «procés». Ambas contrapartidas son un golpe para policías y guardias: la primera porque supone retirarles competencias y la segunda porque supone «ningunear» su trabajo en Cataluña para frenar los desafíos a la legalidad.

Pero estas cesiones forman parte de un cúmulo de «regalos» del Gobierno que se han dado a lo largo de toda la legislatura para agasajar a ERC y Bildu: así, ahí aparecen el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas (más de 300 en lo que va de legislatura); los indultos a los condenados por el «procés»; o, la retirada de agentes del CNI de Cataluña y de la comunidad autónoma vasca.

Al desgaste que está sufriendo Marlaska por el descontento de policías y guardias, hay que sumar sus problemas para explicar qué sucedió en Melilla, donde en la frontera el pasado 24 de junio fallecieron al menos 23 migrantes. En este punto, ha conseguido concitar la unidad de todos los socios de investidura y del bloque de la derecha, quienes le exigen explicaciones.