Hartazgo en el PSOE con la actitud de Irene Montero: «Es innecesario»

La polémica por la Ley del «solo sí es sí» está durando más de lo que el Gobierno esperaba. A pesar de que el Ejecutivo no ha hecho nada más que, precisamente eso, sentarse a esperar que amaine la tormenta. Aunque desde el PSOE surgió un primer arranque, a modo de reacción inmediata a la alarma social generada, abriéndose a revisar la norma; posteriormente, se impuso la «prudencia» y se optó por delegar en el Tribunal Supremo (TS) la aclaración y consiguiente clarificación de la norma. Sin embargo,el TS no ha resuelto la controversia en favor de los intereses del Gobierno. En su fallo sobre el «caso Arandina», el alto tribunal incide en que la Ley Orgánica 10/2022 –ley del «solo sí es sí»– «podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso y no de forma global, tanto en asuntos pendientes de juicio como en recursos de apelación y de casación y en ejecutorias penales». Esta manifestación ha devuelto la pelota al tejado del Gobierno y a la eventual responsabilidad en el diseño y futura revisión de la norma. Una revisión que no está, por ahora, en los planes de Moncloa.

Aunque de manera involuntaria, los ataques machistas que Vox profirió a Irene Montero hace una semana consiguieron un efecto colateral beneficioso: desviar el foco del fondo del asunto y promover un cierre de filas en torno a la titular de Igualdad, que hasta ese momento no se había producido. La cortina de humo la disipó el martes el Supremo y Montero intentó ayer volver a distraer la atención, utilizando la misma maniobra que la ultraderecha. La ministra acusó al PP de «promover la cultura de la violación», unas palabras gruesas en sede parlamentaria, a cuenta de la desafortunada campaña de la Xunta de Galicia sobre el 25 de noviembre, que volvieron a embarrar el terreno de juego.

La estrategia desplegada por Montero genera malestar en Moncloa. Ya su primera reacción de atacar a los jueces, acusándoles de «fachas», «machistas» y de aplicar mal la ley a sabiendas, se criticó en privado por los socialistas, señalando su falta de «humildad». Su nueva andanada ayer en el Congreso volvió a causar malestar. Fuentes consultadas por este diario lo consideraron una «sobreactuación innecesaria» que deja al Gobierno en su conjunto en una posición comprometida. La actitud del PSOE fue ayer muy distinta a la de la semana pasada. Ni un solo diputado aplaudió la intervención de Montero, en contraste a los dos minutos de ovación que generó su respuesta a Carla Toscano de Vox. Ya en los pasillos del Congreso, incluso el portavoz del PSOE,Patxi López, aseguró que no le habían parecido «las mejores palabras». «Precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debería jugar con esto», dijo, en alusión a «todo lo que hemos vivido en este Congreso». La ministra de Justicia mostró también la incomodidad del Gobierno con su compañera de gabinete. Pilar Llop no respaldó sus palabras cuando fue preguntada y destacó que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley integral y el pacto de Estado contra la violencia de género, como fue el PP, «son partidos que están a la altura de las circunstancias».

Podemos dispara así la agresividad verbal, que, sin embargo, se le vuelve en contra. Por supuesto que la oposición salió en tromba a criticar a la ministra, pidiendo incluso su dimisión –de nuevo–. «Todo tiene un límite» y «alguien así no puede estar en el Consejo de Ministros porque por su boca habla el Gobierno», reaccionó la portavoz del PP, Cuca Gamarra. El propio Alberto Núñez Feijóo pidió que «asuma su responsabilidad» y «recoja su despacho». Pero es que, en esta ocasión, Podemos no contó con el respaldo de los socios. Desde ERC y Bildu, al igual que desde Más País o el PNV se prefirió guardar un discreto silencio para no cargar el debate, pero ni una palabra de apoyo a Montero. Solo Podemos con Ione Belarra y Pablo Echenique a la cabeza, que insistieron en que la ONU usa la expresión de la «cultura de la violación» y cargaron contra la presidenta del Congreso por retirarlo del Diario de Sesiones.