Los votantes de izquierda piden la dimisión de Montero

El año 2022 se ha cerrado con hasta 130 rebajas de pena y 17 excarcelaciones de condenados por violencia sexual en tan solo dos meses, tras la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí» el pasado mes de octubre. Desde entonces se ha exigido la asunción de responsabilidades –sin éxito– a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que durante meses negó que la norma provocase una revisión o reducción de penas. «Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista», dijo el pasado 2 de noviembre, un mes después de que los jueces comenzaran a aplicar la nueva normativa que favorece al reo.

Las reducciones y excarcelaciones se han sucedido en un clima de máxima preocupación, que ha acabado dividiendo al Ejecutivo de coalición ante las consecuencias que ha provocado la situación de considerar violación conductas que antes tenían penas menores por estar englobadas dentro del delito de abuso. Así, la continuidad o no de la ministra de Igualdad ha sido uno de los debates más extensos y que ha conseguido el consenso de la oposición y de buena parte de la sociedad, que así lo ha expresado en manifestaciones en las calles. De hecho, según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 65,2% de los votantes de izquierda opina que Irene Montero debería dimitir. En el PSOE así lo defiende un 44,4%, mientras que los votantes del propio partido al que pertenece la ministra, Unidas Podemos, un 20,8% pide su dimisión en el Gobierno. Aunque, como es lógico, los morados son los que más la defienden. Un 66,7% niega que deba irse, mientras que el 93,3% de los votantes de Vox responden con unanimidad que debe salir de Moncloa. También un 88,2% de los electores populares quieren que abandone sus responsabilidades. En total, entre los votantes de izquierda y derecha un 58,9% considera que debe dimitir.

Además, existe un clamor social para pedir al Gobierno que introduzca cambios en la citada norma para evitar reducciones de penas. Así lo respalda un 72,9%, mientras que solo un 13,4% lo rechaza. La mitad de los votantes de Podemos pide cambios, y también el 69,6% de los electores socialistas. Sobre este punto tan solo se ha introducido una enmienda a la reforma del Código Penal en la que se aclara cómo se debe interpretar la ley «solo sí es sí».

De cara al último año de la legislatura y en un momento de máxima crispación entre los partidos aliados del Ejecutivo y de la oposición, la ciudadanía es clara al reflejar su falta de esperanzas de cara a que se produzcan pactos de Estado. Un 64,5% no ve posible que lleguen a buen puerto, mientras que un 16,2% sí le da credibilidad. La falta de confianza en la política o la crispación que escala en la vida política y a la que asistimos cada semana en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, hace afirmar a la ciudadanía en un 72,2% de los casos que se «ha deteriorado la convivencia en España». Una opinión que es común en todas las horquillas de edad. Son los partidos de la derecha los que lo defienden con mayor rotundidad. Del mismo modo, según la encuesta, el 57,7% cree que Pedro Sánchez ha generado crispación social. Llama la atención que entre el electorado socialista hay división en este sentido. Un 41,8 por ciento ve irritación en Sánchez. Este mismo sentimiento se produce en un 100 por ciento en los votantes de Vox y en un 91,2 por ciento en los del Partido Popular.

Las políticas económicas, suspenden

En este contexto, solo un 22,9% cree que la situación económica en España es buena, mientras que un 71,1% lo rechaza. De quienes así lo afirman destaca Podemos. Casi la mitad de sus votantes lo asegura. Mientras que solo un 24,2% de los afines al PSOE piensa así. De nuevo son los votantes de derecha quienes peor nota ponen en el balance sobre la situación económica del país. En cuanto a la valoración sobre la política económica que Pedro Sánchez está ejerciendo para frenar la inflación, más de la mitad de la sociedad cree que no está funcionando. Solo un 28,9 por ciento la aprueba. De nuevo surge la contradicción de que son los votantes de Podemos quienes más respaldan al presidente. El 41,6% de los socialistas están en contra de la hoja de ruta económica de su líder. Sobre los nuevos impuestos aprobados para la banca, las empresas eléctricas y los bancos, la mitad de la ciudadanía lo defiende –el 57,7%– mientras que el 27% no los ve bien. En todas las franjas de edad se respaldan los tributos con casi el 60% de los avales.

Volviendo al plano político y ante la inviabilidad de que PP y PSOE se sienten a negociar, una de las circunstancias que más urge es la renovación de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. La ciudadanía empieza a apuntar a que sean los jueces quienes elijan a los miembros del órgano judicial, como insta el PP. Así lo cree un 45,2%. Entre los votantes de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal hay consenso, mientras que los de Ione Belarra lo rechazan. Es solo en Unidas Podemos donde se quiere que sean las Cortes Generales las que elijan a los vocales, según defiende el 45,8%. En el PSOE, un 50,2% defiende la opción de los jueces y solo un 31,8% ve bien la opción actualmente vigente.

Una de las leyes que se encuentra parada en su tramitación en el Congreso –y que este nuevo año volverá a evidenciar las dificultades de los socios en Moncloa para llegar a acuerdos– es la ley de vivienda. Precisamente, el tope a los precios del alquiler fue objeto de negociación hasta última hora entre PSOE y Unidas Podemos para pactar el último escudo social para 2023. La ciudadanía, sin embargo, lo tiene claro. Un 61,9% está a favor de estos límites, siendo los votantes de Podemos los más interesados (87,5%), y los de Vox, los menos (33,3%). Por edades, los más jóvenes son los más concernidos por esta medida, lógicamente.