El CGPJ buscará soluciones a las 75 vacantes judiciales sin cubrir en un Pleno extraordinario

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo 9 de febrero de forma extraordinaria para debatir de forma monográfica la delicada situación que atraviese la cúpula judicial -y en especial el Tribunal Supremo- ante la acumulación de vacantes, 75 ya (que serán 87 en octubre), tal y como informó ayer LA RAZÓN- que no se pueden cubrir porque desde que, en marzo de 2021 entró en vigor la reforma impulsada por PSOE y Podemos, el órgano de gobierno de los jueces no puede realizar nombramientos.

Y es que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de hace casi dos años, que se alumbró como un intento de forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ -que en una situación insólita lleva más de cuatro años con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre PSOE y PP- ha terminado pasando una grave factura a los principales órganos jurisdiccionales, con especial incidencia en el Tribunal Supremo, que acumula a día de hoy una veintena de vacantes.

Según informa el CGPJ, el Pleno analizará la situación y, en su caso, adoptará, “las decisiones y propuestas oportunas” para intentar poner remedio a las “disfunciones” originadas en el servicio público de la Justicia a consecuencia de esa reforma y de la “situación institucional” que vive la institución, sin renovación a la vista tras haber roto el Gobierno y el PP las negociaciones a consecuencia de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó el delito de malversación.

Los vocales han acordado la celebración del Pleno a la vista de la voz de alarma dada hace unos días por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo dado el “impacto” que sobre la actividad de cada una de las sala (sobre todo en la de lo Contencioso, encargada de resolver, por ejemplo, todas las resoluciones sobre reclamaciones administrativas relativas a la pandemia) está teniendo la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del CGPJ.

Las quejas del Tribunal Supremo

En ese informe se calificaba de “insostenible” la situación en la que se encuentra el alto tribunal y se alertaba que, de prolongarse, en los próximos meses sumará un 30% de sus 79 plazas vacantes.

Las quejas del alto tribunal hicieron también reaccionar a la Comisión Permanente del Consejo, que tras tomar hoy conocimiento de los datos actualizados sobre las vacantes sin cubrir acordó elevar una propuesta al Pleno en relación a este asunto.

Según esos últimos datos, las veinte vacantes actuales en Tribunal Supremo (TS) -una vez consumada la salida de César Tolosa, nuevo magistrado del Constitucional- aumentarán en los próximos meses, pues hasta el próximo octubre está prevista la jubilación de cinco magistrados.

Pero no solo el Supremo está pendiente de que el CGPJ recupere su capacidad de realizar nombramientos: 19 presidencias de audiencias provinciales y siete más de tribunales superiores de justicia (Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y La Rioja) se encuentran también en esa lista de espera que incluye asimismo la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (vacante desde que, en octubre de 2021, Concepción Espejel fue designada magistrada del TC).

Europa y el TC en el horizonte

Dado que el CGPJ puede continuar en funciones varios meses más (si PSOE y PP no lo remedian), vocales conservadores ven necesario que el Consejo mueva ficha y acuda a instancias europeas o al propio Tribunal Constitucional. O incluso que recupere su capacidad de maniobra acogiéndose a la cláusula de cierre del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que habilita al CGPJ en funciones a realizar las actuaciones “que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano”, un funcionamiento que, según entienden, se estaría viendo afectado por la imposibilidad de cubrir las vacantes.

Antes de dimitir, el expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes calificó en septiembre del pasado año como un “estropicio” la situación que ha generado la reforma, cuando se comprometió a presentar su renuncia (como hizo un mes después) si el Gobierno y el PP no se ponían de acuerdo para renovar el CGPJ o este era restituido “en la plenitud de sus competencias” (recuperando las competencias para esos nombramientos discrecionales).