La reforma del CGPJ deja ya un “estropicio” de 75 vacantes judiciales sin cubrir, que serán 87 antes de fin de año

Las consecuencias de la reforma que, desde marzo de 2021, impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos mientras siga en funciones -con la que PSOE y Podemos pretendían que el PP negociara la renovación del órgano de gobierno de los jueces- siguen agravándose a medida que pasan los meses. Según los datos que mañana se pondrán sobre la mesa en el Pleno de la institución, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la actualidad son ya 75 las vacantes judiciales sin cubrir en la cúpula judicial, veinte de ellas en el Tribunal Supremo (TS), una vez consumada la salida de César Tolosa, nuevo magistrado del Constitucional, hasta el pasado día 9 presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal.

Pero además del Supremo, el Consejo se ve también imposibilitado para designar a 19 presidentes de audiencias provinciales y a otros siete de tribunales superiores de justicia (Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y La Rioja), además de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (vacante desde que, en octubre de 2021, Concepción Espejel fue designada magistrada del TC), entre otras muchas vacantes. Una situación que el expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes calificó en septiembre del pasado año como un “estropicio” al amagar con la dimisión (que finalmente presentó en octubre) si no se renovaba el órgano de gobierno de los jueces o este era restituido “en la plenitud de sus competencias” (cercenadas por esa reforma).

La Comisión Permanente tiene pendiente de elevar al Pleno una propuesta para hacer frente a la “situación insostenible” que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo denunció hace unos días, que alertó que en los próximos meses sumará un 30% de sus 79 plazas vacantes. Pero, por ahora, el Consejo se limita a “tomar conocimiento” de esa preocupante radiografía de vacantes a la espera de una solución.

La renovación del Consejo, enquistada

Unos nombramientos que precisan de un nuevo Consejo cuya renovación se antoja ahora mismo improbable (los puentes entre PSOE y PP están rotos tras la reforma penal que ha derogado la sedición y rebajado la malversación), de una contrarreforma que devuelva al CGPJ sus competencias aunque siga en funciones (casi una quimera con la actual mayoría parlamentaria) o de que el Tribunal Constitucional (que tiene pendientes de resolver los recursos de PP y Vox) declarase inconstitucional esa reforma, algo que con la actual mayoría progresista no parece que vaya a suceder (su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha acelerado la deliberación de los recursos contra las leyes del aborto, la eutanasia y la normativa catalana que elude la sentencia del 25% en castellano, pero no los que cuestionan la reforma del CGPJ).

Con esas premisas, a nadie extrañaría siga este año en funciones y cumpla el próximo diciembre cinco años con el mandato caducado, lo que agravaría aún más la situación, pues según los datos que maneja el Consejo hasta el próximo octubre se sucederán otras doce vacantes, cuatro de ellas en el Tribunal Supremo (repartidas entre la sala Penal y las de los Contencioso, Social y Militar) por otras tantas jubilaciones.

Próximas jubilaciones en el Supremo

En realidad serán cinco, porque según las fuentes consultadas el magistrado de la Sala Primera Francisco Arroyo se jubila el próximo 14 de marzo (los magistrados pueden jubilarse voluntariamente cumplidos los 65 años antes de que alcanzar la jubilación forzosa a los 70, que no obstante se puede retrasar hasta los 72), lo que se traducirá en una nueva vacante.

Otra jubilación, la de la magistrada Inés Huerta, prevista para el 27 de marzo, añadirá una vacante más a la Sala de lo Contencioso, ahora presidida de forma interina por Pablo Lucas, que ha sustituido de forma provisional a César Tolosa.

En cuanto a la Sala Penal, por ahora la única en la que no hay nombramientos pendientes, la jubilación el próximo 13 de abril del magistrado Miguel Colmenero no obligará, sin embargo, a cubrir esa plaza, pues según esas mismas fuentes en la Sala Segunda “sobra una plaza, pues hay 16 magistrados que deberían ser 15″ (al ser designado en 2018 fiscal general del Estado, la plaza de Julián Sánchez Melgar, en servicios especiales, salió a concurso y cuando regresó a su puesto, su sustituta, Susana Polo, quedó en situación de adscrita, por lo que la marcha de Colmenero solo hará que adquiera esa plaza como propia).

Ante la posibilidad cada vez más real de que el CGPJ continúe en funciones varios meses más, vocales conservadores consideran necesario que el Consejo mueva ficha para intentar desatascar la situación, recurriendo incluso a instancias europeas o al Tribunal Constitucional, o acogiéndose a la cláusula de cierre del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que habilita al CGPJ en funciones a realizar las actuaciones “que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano”, un funcionamiento que, según entienden, se estaría viendo afectado por la imposibilidad de cubrir las vacantes.

En los próximos meses, además, quedarán vacantes las presidencias de la Audiencia Provincial de Palencia y de Jaén (ambas en febrero) y las de Asturias (septiembre) y Castellón (octubre)