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Vocales del CGPJ alertan a Europa: la reforma del Gobierno ha “degradado” la lucha contra la corrupción

Cinco consejeros conservadores denuncian ante la Comisión Europea el “grave debilitamiento” de la independencia del poder judicial

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el Parlamento Europeo
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el Parlamento EuropeoJULIEN WARNANDAgencia EFE

Cinco vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han alertado a la Comisión Europea de los “efectos intensamente nocivos” en algunas jurisdicciones de la reforma que entró en vigor en marzo de 2021 que impide realizar nombramientos al órgano de gobierno de los jueces mientras se encuentre en funciones, como sucede desde diciembre de 2018.

En un escrito remitido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, los vocales José María Macías, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Gerardo Martínez Tristán señalan que esa limitación de competencias “debilita de manera considerable la independencia del poder judicial en España” desde la perspectiva de los estándares europeos.

Del mismo modo, consideran que la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez “ha degradado el castigo de delitos relacionados con la corrupción de funcionarios y autoridades” y “debilita el efectivo control” del uso correcto de los fondos públicos, ocasionando un “perjuicio” a la calidad del Estado de derecho en España.

Para estos vocales (que se quejan de que las respuestas remitidas a la Comisión Europea sobre la situación del estado de derecho en nuestro país no se sometieron al Pleno), la reforma “puede dejar sin contenido buena parte de una sentencia que condenó a altos responsables políticos por delitos de sedición que, además, y para cometer esos delitos, utilizaron fondos públicos”. Por eso, se quejan, “supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de los altos cargos públicos, incluso cuando manejan volúmenes importantes de fondos públicos”.

“A la conveniencia del Gobierno”

Los consejeros de la mayoría critican que el Gobierno reformase de nuevo la ley para permitir al Consejo nombrar únicamente a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC), lo que garantizaba la mayoría progresista en la institución y desatascaba la renovación que se completó con los otros dos magistrados designados por el Gobierno.

Esa reforma ad hoc, critican, “ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del Gobierno” que tachan de “incomprensible” porque -subrayan- pone de manifiesto que el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, era para el Ejecutivo “irrenunciable”, pero no así los “de otro alto tribunal, como el Tribunal Supremo”. Y recuerdan que ahora mismo del total de 79 magistrados que lo integran, “sólo cuenta con 60, y durante el año 2023 se producirán cinco vacantes más”.

Igualmente apuntan que el Tribunal Militar Central “no cuenta con ningún efectivo, y sus puestos son desempeñados provisionalmente por jueces militares de otros tribunales inferiores en grado que no ostentan la categoría exigida por la ley”.

Usa al CGPJ como “fórmula de presión”

“El debilitamiento de la independencia del poder judicial”, denuncian, es ”grave y evidente”. Y se quejan de que el Gobierno no ha ofrecido “una explicación razonable de las razones por las que un CGPJ cuyo mandato está prorrogado no puede ejercer las funciones propias de un órgano con mandato prorrogado”. De ahí que apunten que el Ejecutivo utiliza al CGPJ “como fórmula de presión en el debate entre partidos políticos” (para forzar al PP a negociar su renovación), “aunque sea a costa de las exigencias del Estado de derecho”.

En cuanto a la atascada renovación del CGPJ, señalan que el Ejecutivo y sus socios “han expresado su rechazo total a la modificación del modelo de gobierno judicial español para su adaptación a los estándares europeos sobre Estado de derecho” (en referencia a la elección por parte de los propios jueces de los doce vocales de procedencia judicial).

“Insultos” y “ataques” a los jueces desde el Gobierno

Los vocales conservadores cuestionan la sucesión de reformas que, desde octubre de 2020, han tenido como objetivo “alterar el régimen de elección de los vocales judiciales del CGPJ para que pudieran ser nombrados por mayorías parlamentarias más reducidas”, limitar las competencias del CGPJ, “debilitando la independencia del poder judicial” y “los controles de la regularidad de los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional”.

Y todo ello, subrayan, “con procedimientos legislativos acelerados, sin participación de los sectores interesados e incluso con limitación de la participación de los grupos parlamentarios de la oposición”. Algo que en su opinión abona en los ciudadanos una “percepción negativa” de la independencia del poder judicial. Como también, añaden, las “continuas” manifestaciones públicas “insultantes y ataques de miembros del Gobierno y del legislativo contra jueces y magistrados con el objetivo de desmerecer su crédito ante la opinión pública”.

Además, ponen el acento en que “se ha instalado también la práctica de aplicar la tramitación de urgencia y aprobación en lectura única, con lo que las reformas se llevan a cabo en escasas semanas”, limitando la participación del CGPJ y de los grupos parlamentarios de la oposición. “Nuevamente, el incumplimiento de los estándares de Estado de derecho de la Unión Europea es intenso y debilita las funciones del CGPJ para la defensa de la independencia del poder judicial”.