José Luis Ábalos y Koldo García reclaman al instructor del "caso Leire Díez" que les permita personarse como perjudicados por las presuntas maniobras que habría llevado a cabo la exmilitante del PSOE, tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

El exministro socialista y su antigua mano derecha en Transportes se sienten agraviados por la actuación de la bautizada como "fontanera" de Ferraz.

Ábalos traslada al juez Arturo Zamarriego que ha tenido constancia por los medios de comunicación de la "existencia de una serie de reuniones" mantenidas por Díez en las que "habría manifestado tener estrecha relación con dirigentes políticos".

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, expone que la exmilitante "manifestó tener bajo su control o asesoramiento la defensa de distintas personas". Entre ellas la del propio Ábalos, "con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio" de la formación de Pedro Sánchez.

"Díez habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela, uno de cuyos elementos claves sería modificar la línea de defensa de mi representado (Ábalos), sometiéndola por entero a sus directrices, para llegar a un pacto de no agresión con dicho partido", se señala en el escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid

La "gravedad" de estas manifestaciones -para el que fuera ministro- "excede el ámbito mediático" y apunta a "la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar las actuaciones judiciales y policiales".

Su representación letrada, que dirige el abogado Carlos Bautista, entiende que "afecta directamente al derecho de defensa y tutela judicial efectiva" de Ábalos, "generando una situación de posible indefensión y perjuicio procesal" en el marco del "caso Koldo". Por ello, quiere ejercer la acusación particular en el procedimiento que se sigue por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

De momento, ya se han personado en el procedimiento, para ejercer la acusación particular, el magistrado retirado Manuel García-Castellón y el empresario Víctor de Aldama.

Este pasado viernes, el magistrado cambió la declaración Díez en calidad de imputada al próximo lunes 17, que estaba prevista inicialmente para este martes, a la espera de que el fiscal Ignacio Stampa aporte el audio en que recogió la conversación que mantuvo con ella y con el empresario Javier Pérez Dolset.

Un encuentro en el que -denunció a sus superiores- le ofrecieron volver a encargarse del "caso Villarejo" y facilidades en sus litigios con el Ministerio de Justicia. A cambio de que les revelase informaciones comprometedoras sobre dos fiscales de Anticorrupción, el jefe, Alejandro Luzón (que lleva el "caso Koldo") y José Grinda, así como de García-Castellón, que fue el instructor del "caso Tándem".