La Abogacía General del Estado pide que se condene al empresario Alberto González Amador a una pena de tres años y nueve meses de prisión por delito fiscal. Los servicios jurídicos del Estado apuntan a sendos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 y reclama que se le condene con una multa superior a los 417.000 euros.

En su escrito, el abogado del Estado pide también que se condene al empresario Maximiliano Eduardo Niederer (representante de la mercantil Mke Manufacturing) y a David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo; empresarios al frente de firmas como Purpura Star por las facturas emitidas a la mercantil vinculada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, en los ejercicios investigados. Todos ellos afrontan la petición de un año de prisión.

La Abogacía pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Hacienda en las cantidades correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de 2020 y 2021, más los recargos generados. De hecho, acusa también a la mercantil de González Amador como responsable civil subsidiaria; si bien matiza que esta responsabilidad se encuentra satisfecha desde el 17 de mayo de 2024.

Facturas ficticias

Al respecto expone que con el objetivo de procurarse "un ahorro fiscal ilícito" la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid "consignó mendazmente" en las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de 2020 y 2021 unos gastos con soporte en facturas que no se corresponderían con la realidad. Según indica, el principal acusado era plenamente consciente de la falsedad de estos recibís que se emitieron desde el entramado societario de los otros acusados.

Al hilo, añade que en el año 2021 trasladó artificialmente parte de la actividad de su sociedad a la firma Masterman y lo habría hecho justificando los abonos en servicios ficticios. "Como consecuencia de todo lo expuesto, las cuotas presuntamente defraudadas (...) ascienden a 155.000 euros en el ejercicio 2020, y 195.951,41 euros en el ejercicio 2021", rezan los servicios jurídicos del Gobierno.

El escrito analiza también detenidamente las facturas de las empresas que facturaron servicios a Maxwell Cremona, concluyendo que no cumple con lo establecidos e los contratos de prestación de servicio firmados entre las partes. Al respecto indica que en algunos de estos documentos (como es el caso de la mexicana MKE) no se identifica ni qué servicios se prestan ni tampoco a quien.

Contabilización incorrecta de los pagos

Además, detecta una factura de 620.000 euros que se habría emitido antes de la presunta prestación del servicio contratado. "En virtud de lo expuesto, se considera que la deducción por parte de Maxwell del gasto correspondiente a dicha factura es mendaz por no responder a una operación verdaderamente realizada", detalla.

Del mismo modo también denuncia que en otros casos (como ocurre con el pago de una factura de 27.000 euros a la sociedad Gayani LTD), la empresa de González Amador no contabilizó estos abonos como el pago de la prestación de servicios realizada por terceros independientes, como indicaba la factura, sino contra la cuenta corriente con socios de González Amador.