El abogado vasco señalado como “enemigo del euskera”: “El problema es que nos hemos callado durante mucho tiempo”

Como si hubiese abierto una caja de Pandora. Así se siente el abogado guipuzcoano Francisco Ignacio López Lera, que ha sido señalado como «enemigo del euskera» en una campaña de desprestigio difundida en redes sociales. ¿El motivo? Haber ganado varios juicios contra el requisito de tener conocimiento de la lengua vasca para acceder a una plaza de funcionario en el País Vasco.

«Dicen que van a crear una lista y que tengo el honor de ser el primero», explica a LA RAZÓN con cierta ironía. «En un pasado no muy reciente, el hecho de aparecer una lista era un problema grave. Aquí ha habido gente que ha desparecido físicamente, que se ha tenido que exiliar y que ha tenido que dejar su negocio. Parece que hay gente que quiere volver a aquello», lamenta. Con estos antecedentes, confirma que ha denunciado ante la Ertzaintza estas actuaciones para que investiguen si pueden constituir delito.

Recuerda que la primera sentencia que ganó fue contra el Ayuntamiento de Irún, que vulneró el derecho de su cliente en el acceso a una plaza de Policía Local al no contar con un perfil lingüístico acreditado de euskera, vulnerando sus derechos fundamentales. La resolución, explica, ya es firme con sentencia del Tribunal Supremo. A partir de ahí, «ha habido una cascada de sentencias por discriminación a personas por desarrollar su vida en castellano». La última de ellas la ha conocido este mismo enero, que ha sido la que ha motivado su señalamiento como «enemigo del euskera».

La cuenta de «X» de la organización «Naziogintza», que se define en su web (disponible solo en vasco y en inglés) como «un grupo independentista que sitúa la lengua y cultura vasca en el centro de su actividad», es la que publicó un post en el que se dice que «es hora de nombrar a los enemigos del euskera: el abogado Ignacio López Lera está detrás de numerosos recursos contra el euskera. También detrás de la última sentencia de la Audiencia de Donostia. Hacer una lista de euscarófobos no sería mala idea».

Su respuesta es tajante cuando se le pregunta si está en contra del idioma. «Jamás», dice alzando la voz. «Jamás», repite cuatro veces. «Para mí, eso es un insulto. Yo estoy exigiendo que cualquier persona se pueda presentar en igualdad de condiciones para un puesto en la administración pública, igual como cualquier vasco se puede presentar para un puesto de empleado público en cualquier otro lugar sin que se le exija nada adicional», sostiene.

Se define como un abogado normal y corriente, que lleva todo tipo de asuntos. «Lo que mejor se me da, por desgracia, es luchar contra la Administración», explica. Él mismo, relata, ha sido funcionario y durante años ha ejercido como policía. Está colegiado desde 2008 y desde 2015, cuando pidió una excedencia, se dedica en exclusiva al Derecho. Trabaja en solo, es autónomo. «No tengo ni secretaria, yo me lo guiso y yo me lo como», confiesa.

Sobre si existe alguna motivación particular para llevar estos casos, el letrado descarta que exista alguna otra intención fuera de la profesional. «Me viene cualquier cliente a reclamar que se está vulnerando un derecho fundamental y yo no lo voy a dejar en la indefensión. Me han venido muchos casos de estos, y si vuelven a venir, pues los aceptaré», asegura. «El gran problema es que en este país nos hemos callado durante mucho tiempo. Y eso lo que hace es que algunas personas se envalentonen», concluye de la campaña que en redes sociales, a la que intenta quitar importancia y cree que simplemente se trata de una bravuconada.

Sobre quiénes están detrás, solo se limita a decir: «Ustedes ya lo saben». No da más detalles porque asegura que no quiere darles publicidad. Y, tras una pausa, añade: «Es esta gente, que a este país han hecho mucho daño», reflexiona. Y nos deja para volver al trabajo.

Ahora, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa le ha amparado. En un comunicado, defienden el ejercicio libre e independiente de la profesión, que «no puede ser amenazada por crueles críticas personales que se derivan exclusivamente del hecho de haber obtenido un resultado judicial favorable a los intereses de quienes han contratado sus servicios». También criticó las conductas intimidatorias de las que ha sido objeto por discutir ante los tribunales la discriminación de quienes quieren acceder a una plaza de funcionario.