Aduanas comerciales de Ceuta y Melilla: la promesa que no llega

Por primera vez desde que se anunció como inminente la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla hace más de un año, en un alarde de sinceridad inédito, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, admitió la semana pasada que el citado extremo «solo depende de Marruecos». «El Gobierno de España, en sus relaciones de cordialidad y amistad con Marruecos, se lo ha hecho ver, pero no hay plazos. Nosotros hemos hecho los deberes», confesaba. Hasta las palabras de Pérez el pasado día 12, el Gobierno de Pedro Sánchez –por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Albares– siempre había atribuido el retraso en su apertura a razones «técnicas», eximiendo a las autoridades del país vecino de cualquier responsabilidad.

La historia de la quimera de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla comienza con la cumbre celebrada el 7 de abril de 2022, un encuentro con el que ambos gobiernos daban por cerrada la crisis bilateral semanas después del giro diplomático de Sánchez en el contencioso del Sáhara Occidental. En el punto tercero de la «hoja de ruta» firmada para la «nueva etapa» se fijaba como objetivo común «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías (…) de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo».

La vaguedad de la expresión de la declaración no impidió que, en un exceso de optimismo y confianza, en la rueda de prensa posterior a la cumbre, Sánchez anunciara el nacimiento de sendas aduanas comerciales: reapertura en el caso de Melilla, pues en esta ciudad la hubo ya desde el Tratado de Fez de 1866 hasta su clausura en agosto de 2018 por parte de Marruecos, y creación de una de nuevo cuño en Ceuta.

Pero el tiempo transcurría y a finales de 2022 las autoridades y sociedad civil de las ciudades autónomas españolas comenzaban a inquietarse por el retraso de una promesa llamada a aliviar la maltrecha situación económica de ambas después de dos años de cierre de fronteras con Marruecos y de que Rabat hubiera liquidado el contrabando en ambos pasos, primero con Melilla, en agosto 2018, y después en Ceuta, en octubre de 2019.

En diciembre de 2022, desde Nueva York y junto a su homólogo marroquí Bourita, el ministro Albares ponía fecha definitiva a la esperada apertura: enero de 2023. A comienzos de febrero llegaría la no menos esperada XII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí de Rabat, durante la que el Gobierno de Sánchez tampoco pudo arrancar el compromiso de los vecinos del sur para el alumbramiento de las aduanas comerciales.

Entretanto, vendrían las «pruebas piloto» con mercancías celebradas en ambos pasos en enero, febrero y mayo del año pasado, todas «un éxito», según los representantes del Gobierno central. Ello tampoco permitió la apertura en los meses siguientes. El año 2023 se cerró con el citado encuentro entre Albares y Bourita en Rabat, donde, esta vez sí, el titular marroquí de Exteriores admitió problemas logísticos: «No es un problema de compromisos o político, es de implementación técnica», señaló.

Avanza 2024, pues, sin ningún atisbo de que Marruecos esté dispuesto a aceptar la creación de sendas infraestructuras como las esperan en Ceuta y Melilla. Lo cierto es que las autoridades de Marruecos nunca han expresado de manera nítida e inequívoca su voluntad de abrir unas aduanas comerciales en la frontera con las ciudades cuya soberanía española no reconocen. Si es el caso en los próximos meses, ello será fruto de nuevas negociaciones entre ambas partes. Sánchez estaba convencido de que, después del apoyo a las tesis marroquíes en el conflicto del Sáhara, Rabat se avendría a la reclamación española, y tuvo que ser la delegada del Gobierno en Ceuta y no Albares o el propio Sánchez quien dijera la verdad hace algo más de una semana.

La situación de los empresarios de las dos ciudades autónomas ha pasado de la preocupación y la impaciencia a la desesperación e incluso a la asunción definitiva de la imposibilidad y la quimera. El secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Juan Manuel Parrado, lamenta a LA RAZÓN el «escenario de absoluta incertidumbre e incumplimientos».

«Por una parte, desde la Confederación de Empresarios de Ceuta consideramos la demora en los plazos anunciados como un incumplimiento continuado por parte del Gobierno en sus promesas hacia el sector empresarial. Y, por otra, seguimos sin conocer detalles sobre plazos ni las verdaderas razones por las que no es efectiva la aduana comercial desde su anuncio hace más de un año».

Además, a juicio del representante empresarial, «Ceuta y Melilla deben contar con una postura firme por parte del Gobierno de España en la defensa de la normalización del tránsito no solo de personas, sino también de mercancías como frontera exterior europea, y esa firmeza debería ser parte de una postura común tanto de España como de la UE en las negociaciones con Marruecos».

Desde Melilla, la queja sobre la demora en la reapertura de la aduana comercial es igual de amarga. El empresario José Luis Martínez Lázaro denuncia a este periódico la situación: «Seguimos cuesta abajo. Ni idea de cuándo se reabre la aduana comercial, ya no dicen nada al respecto».

El empresario, CEO de Total Logistic Services –empresa especializada en servicios logísticos del transporte y las aduanas–, critica, además, que se sigue incumpliendo el régimen de viajeros en la frontera en dirección Marruecos desde su reapertura en mayo de 2022: «No es que no contemos con los 2.000 dírhams de franquicia (unos 185 euros), es que no entra ni un yogurt». Martínez Lázaro deplora la supresión parte del Gobierno central a comienzos de septiembre de la bonificación automática del 50% en las cuotas patronales, una medida vigente desde 2004 y destinada fundamentalmente al comercio, la hostelería y el turismo.