Alarma por el robo de cobre en España: los casos se disparan un 87% en cinco años

El robo de cobre y materiales conductores ha registrado un aumento alarmante en España, alcanzando los 4.433 casos en 2024, lo que representa un incremento del 87% respecto a los delitos cometidos en 2019. Según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad han detenido o investigado a 987 personas en el último año, más del doble que hace cinco años.

Castilla-La Mancha lidera el ranking con 799 robos, seguida de Andalucía (745) y la Comunidad de Madrid (678). Les siguen Castilla y León (428), Aragón (298), Asturias (272), Comunitat Valenciana (271) y Galicia (259), según datos recopilados por Europa Press.

El fenómeno ha mostrado una tendencia creciente año tras año: de 1.460 casos en 2020 se pasó a 4.053 en 2023, hasta alcanzar el pico actual. Lo mismo ha ocurrido con las detenciones, que han subido de 420 en 2019 a casi 1.000 en 2024. Asturias encabeza la lista con 147 arrestos, seguida de Castilla-La Mancha y Andalucía, con 146 cada una.

La gravedad del problema ha quedado patente este mes con un robo de cableado en la línea del AVE Madrid-Andalucía, que dejó sin servicio a 16 trenes y afectó a 10.700 viajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el acto como un sabotaje deliberado, ejecutado con conocimiento técnico y en un tramo clave sin cámaras de vigilancia.

Aunque el valor del cobre sustraído apenas superaría los 1.000 euros, el daño provocado fue millonario en términos de servicio y reputación.

Operaciones como la bautizada "Ascia", desarrollada por la Guardia Civil en mayo, muestran la dimensión del delito. En ella se detuvo a 36 personas por sustraer más de 34.000 metros de cable, valorados en casi dos millones de euros. El modus operandi incluía vigilancia previa, corte nocturno, quema del material —con riesgos ambientales— y venta ilegal a través de chatarrerías.

El Ministerio del Interior mantiene activo desde hace años un plan especial de prevención, en colaboración con cuerpos de seguridad, Adif y otras autoridades. El objetivo es hacer frente a un delito que, además de su impacto económico, pone en riesgo la seguridad de infraestructuras críticas.