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Aragón

El "alcalde de la gamba roja" del PSOE, ante la Fiscalía por miles de euros en comidas e "irregularidades" en contratos

El Gobierno de Aragón denuncia gastos de Lucio Cucalón que no cuadran y adjudicaciones a una empresa con la que está vinculado

La secretaria general del pSOE Aragón, Pilar Alegría, este sñabado en Monzón PSOE ARAGÓNEUROPAPRESS

El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para que la Justicia investigue las facturas que pasó el alcalde del PSOE en Aguarón, Lucio Cucalón, al consistorio por valor de 11.850 euros en concepto de dietas, así como la concesión presuntamente irregular de una serie de licitaciones a una empresa con la que está "vinculado".

La Dirección General de la Administración Local ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial de Zaragoza en el que expone que el ya bautizado como "alcalde de la gamba roja" habría pagado con cargo a fondos públicos dos comidas por valor de 3.261 y 1.883 euros, respectivamente, sin justificar a qué "atención protocolaria" corresponden.

También pone el foco en otras facturas cuyo concepto no cuadra con la realidad del ticket, como, por ejemplo, una compra en una farmacia que, en realidad, responde a un ticket del restaurante madrileño Trasiego Ron Club.

Por otro lado, desde el Ejecutivo de Jorge Azcón trasladan al Ministerio Fiscal que Cucalón habría adjudicado desde el consistorio aragonés y la entidad local Comarca Campo de Cariñena (en la que ejerce de presidente) en solo un año (2024) contratos por más de 250.000 euros a una empresa con la que mantiene "estrechos vínculos".

Concretamente, la relación reside en que uno de los dueños de la mercantil en cuestión, Electra Aguarón SL, es un primo segundo suyo y él mantiene una manifiesta amistad con los socios. Esta cifra total de las licitaciones representa más de una quinta parte, el 22%, del presupuesto total del Ayuntamiento de Aguarón.

El Gobierno autonómico lleva ante el Ministerio Público estos hechos tras observar, basándose en informes del secretario-interventor de Aguarón y sus propias indagaciones, que las acciones de Cucalón "pueden exceder la irregularidad administrativa" y acabar siendo constitutivas de un delito penal.