País Vasco

Anulada la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios vascos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alega que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo

Un funcionario trabaja junto a varias pilas de expedientes
Un funcionario trabaja junto a varias pilas de expedienteslarazon

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto del Gobierno vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas semanales para los funcionarios de dicha institución al estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta medida

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto del Gobierno vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas semanales para los funcionarios de dicha institución al estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta medida.

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, difundida hoy, se establece que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos.

Sólo "una norma de igual rango"puede modificar esta situación, según el fallo.

La resolución también apunta que la jornada de 35 horas incrementa el gasto público debido a que hace necesaria la contratación de personal para cubrir turnos y el pago de horas extras, lo que afecta, a su vez, a la estabilidad presupuestaria al implicar un gasto superior al permitido para 2016 a las administraciones públicas.

El Gobierno vasco empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000 tras un acuerdo con los sindicatos.

Con la crisis económica y los ajustes aprobados por el Gobierno central, en 2013 elevó de nuevo la jornada a 37,5 horas, hasta el pasado mes de febrero cuando el Ejecutivo liderado por Íñigo Urkullu recuperó el horario anterior.

Esta decisión fue recurrida por el Gobierno español, y ahora ha sido respaldada por el TSJPV. El Ejecutivo vasco puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).