La fiscal María de la O Silva ha sido apartada del caso sobre la querella por supuesta revelación de secreto que presentó la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. El empresario Alberto González, que estaba siendo investigado por haber presuntamente cometido dos delitos contra la Hacienda pública, les atribuye la autoría de un comunicado de prensa oficial la Fiscalía Provincial de Madrid emitió el 14 de febrero con detalles de la negociación de una conformidad por parte de su abogado con el fiscal del caso.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, Silva será sustituida por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero. La fiscal de Madrid, que propuso que se investigasen los indicios antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella, recibió una orden de la "número dos" del fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que consideraba que tenía que rechazar la admisión de la querella.

Ante la diferencia de criterios, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciara sobre la discrepancia que mantenía con su superior jerárquica. Tras casi seis horas de deliberación, tras la sesión del 24 de abril hubo 19 votos a favor, doce en contra y una abstención, por lo que se impuso el criterio de Sánchez Conde sobre la inexistencia de delito. También se rechazó por unanimidad la propuesta de la fiscal de Madrid sobre la intervención de las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de informar a favor o en contra de la admisión de la querella.

Un día después, Silva presentó informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con el criterio fijado por Sánchez Conde. A pesar de este informe, como en todos los casos, será este órgano jurisdiccional el que tenga la última palabra sobre cómo proceder.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado indican que, tras esta controversia, y dado que el caso afecta a las jefaturas de Madrid, consideran que lo adecuado es que el caso lo lleve un fiscal ajeno a este ámbito territorial, por lo que la responsabilidad que ha recaído en Javier Montero y recuerdan que esto ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Y aclaran que en el mismo artículo 27 del Estatuto se establece este procedimiento.

En dicho artículo se indica que "si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera".