La Audiencia Nacional revoca el tercer grado del etarra Subijana

La Audiencia Nacional ha recovado el décimo tercer grado concedido por el Gobierno vasco a un etarra. En este caso se trata de Juan Carlos Subijana que fue condenado por el asesinato de un funcionario de prisiones en el año 2000. La jueza de Vigilancia Penitenciaria del órgano señala que el que fuera miembro de ETA todavía tiene un tiempo de condena muy largo por delante sin que ni siquiera se haya cumplido un tercio de la pena. Además, señala que la propuesta de progresión de grado del centro penitenciario no ha sido unánime, así como que Subijana no ha abonado todo el dinero que debe y no consta que haya participado en ningún programa de Justicia restaurativa que puedan corroborar su arrepentimiento.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que está haciendo de muro de contención de las semilibertades otorgadas por el ejecutivo de Iñigo Urkullu a miembros de la banda terrorista, impugnó este tercer grado que fue concedido el 11 de agosto del pasado año. Ahora la magistrada le ha dado la razón al fiscal Carlos Bautista.

La jueza María Reyes Jimeno recuerda en el auto -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- que Subijana «se encuentra condenado por delito grave (asesinato) y delito de daños a un total de 28 años de prisión» y que tiene aún pendiente un abultado periodo de cumplimiento entre rejas. No ha llegado a las tres cuartas partes que se cumplirán en 2028 (y que es habitualmente cuando se concede este tipo de semilibertad) y la condena total debería extenderse hasta el año 2035.

La decisión fue adoptada a propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario que está formada por psicólogos. técnicos y personal y el director de la cárcel. Valoran la actitud y el progreso del condenado en base a la mejoría de su conducta y otros parámetros.

Por ello, en su progresión a tercer grado, la Consejería de Justicia vasca señalaba que el terrorista «ha mostrado signos inequívocos de haberse desvinculado de cualquier fin o medio violento o terrorista, manifestando por escrito el rechazo de dichos fines y medios y el reconocimiento del daño y dolor causado a las víctimas».

Sin embargo, el escrito de la Audiencia Nacional remarca que Junta de Tratamiento tomó la decisión de forma mayoritaria, pero no de forma unánime. De igual forma, argumenta que aunque está abonando la responsabilidad civil impuesta todavía la cantidad abonada es poca: «el abono al tiempo de la revisión de grado impugnada era muy escaso en proporción a la cantidad adecuada».

Y, como añadido a todos estos argumentos, la jueza evalúa el perdón pedido por el terrorista. Hasta ahora esta ha sido una de las principales barreras que han tenido los etarras a la hora de quedarse en libertad porque sus perdones eran genéricos, sin dirigirse a la víctima y, según el criterio que afianzó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ese tipo de arrepentimiento tan vago no valía.

En este caso, Subijana menciona de forma específica a su víctima y familiares. La jueza valora este hecho como un paso adelante. Señala que «no responde al esquema de escrito estereotipado y ambiguo, por lo que representa un avance tratamental importante en la evolución del penado».

En cambio, se posiciona con el fiscal que decía que algunas «expresiones» «denotan una falta de suficiente superación» como por ejemplo la parte en la que el etarra alude a «la violencia para la consecución de objetivo político». A juicio del Ministerio Público esto «legitima políticamente la actividad terrorista» y en su arrepentimiento presenta una «cierta equidistancia» en relación a las víctimas.

La magistrada acoge los argumentos del fiscal y pide que Subijana regrese al segundo grado, lo que en la práctica supone su reingreso en prisión. El colectivo Etxerat a favor de los presos de ETA informó que ya ha regresado a su prisión de Basauri en Vizcaya (País Vasco).

Desde que en octubre de 2021 la administración vasca asumió las competencias de prisiones son 34 los terceros grados concedidos a etarras, según datos de la Consejería de Justicia vasca. De ellos ya son 10 los que se han revocados y otros 9 aún están pendientes de resolver, como indica el recuento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.