El TC avala que Batet negase al PP un informe del Consejo de Estado sobre un decreto del Gobierno

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado, con cuatro votos en contra, el amparo solicitado por las diputadas del PP Cuca Gamarra e Isabel Borrego contra la decisión de la entonces presidenta del Congreso Meritxell Batet de negarse en febrero de 2021 a reclamar al Gobierno un informe del Consejo de Estado sobre un decreto-ley de ayudas comunitarias por la pandemia de Covid. La mayoría progresista ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que la "ocultación del informe" vulneró el derecho de representación política de las dos parlamentarias al privarles de examinar la documentación de la que dispuso el Ejecutivo para elaborar el decreto.

El Pleno avala sin embargo la negativa de Batet, que esgrimió que para la convalidación de los decretos-leyes es suficiente con su publicación en el BOE, no siendo necesario para su validez que el Gobierno remita los informes solicitados. Para el TC, esa decisión no fue arbitraria y reprocha a las recurrentes que pese a que todos los diputados sabían de la existencia de ese dictamen, no se solicitó antes de la convalidación de la normativa, que se produjo el 28 de enero de 2021. Además, señala que cuando finalmente el Gobierno remitió ese informe el 9 de marzo tras la petición efectuada por el PP un mes antes, todavía estaba abierto el plazo para presentar enmiendas. De ahí que en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada progresista Laura Díez, se desestime el amparo solicitado.

Las dos diputadas del PP se quejaron al constatar que en la habitual memoria de análisis de impacto normativo que incorpora el decreto-ley no constaba ese informe del Consejo de Estado, que según las fuentes consultadas era parcialmente contrario a ese decreto, sino únicamente fragmentos del mismo. No solo faltaba ese dictamen, sino también los de la Intervención General del Estado y el de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

El PP se quejo de que se "hurtó" al Congreso un documento "relevante"

Gamarra y Borrego se quejaron a Batet de que, aunque los informes no eran preceptivos, una vez solicitados por el Gobierno e incorporados al expediente, debían remitirse al Congreso para que los diputados dispongan de la información necesaria para pronunciarse sobre el decreto-ley. "Hurtar" a la Cámara Baja el análisis de "un documento tan relevante", argumentaron, incurría en un "grave vicio" del procedimiento, impidiendo al Congreso el pleno ejercicio de sus funciones, por lo que solicitaron que se convocara de forma urgente la Mesa del Congreso para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a remitir esa documentación pendiente.

Veinticuatro horas después, sin embargo, Batet rechazó esa pretensión, argumentando que los diputados pueden solicitar en cualquier momento de la Administración los informes que consideren necesarios sin necesidad de convocar a la Mesa con carácter urgente. Ante la nueva negativa de Batet, el PP se quejó que la "deficiente información" facilitada por el Gobierno dejaba al Congreso huérfano de la documentación necesaria para tomar una decisión, afectando por tanto a su derecho de representación política.

La letrada del Congreso informó en contra de la estimación del amparo, pero la Fiscalía del TC sí respaldó las pretensiones de las dos diputadas del PP, al entender que se cercenó su derecho a conocer los argumentos del dictamen del Consejo de Estado y calificó de "incongruente y carente de lógica y sentido" la respuesta de Batet a la petición de las parlamentarias, por lo que entendía que se vulneró su derecho de representación y participación política.