Bandera Comandante Franco de la Legión: Defensa no tiene acta oficial ni informes sobre el cambio de nombre

El Ministerio de Defensa reconoce que no cuenta con acta oficial ni recibió ningún informe para llevar a cabo el cambio de nombre de la Bandera Comandante Franco del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, con base en la Comandancia General de Melilla, una unidad cuya denominación data de 1992, en época del Gobierno socialista de Felipe González.

En cumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la cartera de Margarita Robles da respuesta a la solicitud de Guillermo Rocafort, secretario de la Plataforma Patriótica Millán Astray. En un primer momento, al requerir «todas las actas emitidas por el Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria Democrática», Defensa alegó que no son de interés público al ser «referidas a información que tiene carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas». Sin embargo, el CTBG dictaminó que no tiene la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo aquella que «tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad política del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación».

El Ministerio de Defensa ha respondido, con fecha del 13 de septiembre, que el Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria Democrática «es un órgano con función asesora, que no tiene facultades decisorias ni de emisión de informes preceptivos o vinculantes, siendo su actividad de apoyo o auxiliar».

Asimismo, que «no existe acta oficial aprobada en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda entregarse al reclamante» y que «no consta la existencia de ningún informe, tanto jurídico como de otra índole, recibido por el Comité de Seguimiento en el ejercicio de sus funciones». Por último, remite copia del Boletín Oficial del Ministerio de Defensa donde consta la creación del comité, y asegura que «no se ha dictado reglamento específico y posterior» sobre el «funcionamiento» del órgano habilitado para depurar elementos franquistas.

La cartera de Defensa adjunta la normativa del propio comité y otros documentos. En primer lugar, el que recibió por parte de un grupo de personas –se omiten los nombres por protección de datos– que solicitan «intervenir en cuantos procedimientos se puedan llevar a cabo por el ministerio o el Gobierno de España relativos a una posible exhumación y/o traslado de los restos mortales que se encuentran en la actualidad enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo», para que les «sea expedida y facilitada certificación de cuantos acuerdos se adopten en relación con lo expresado».

Se añade también el informe de una asociación –cuyo nombre se protege– que vela por el «cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en las Fuerzas Armadas» (FAS) con diversas consideraciones para Amparo Valcarce, subsecretaria de Defensa y presidenta del Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria, como el «reconocimiento como excombatientes a los guerrilleros, enlaces y puntos de apoyo, incorporando la guerrilla antifranquista al organigrama de veteranos de las FAS».

Para Rocafort, el Ministerio de Defensa «no tiene ningún acta del Comité de Seguimiento de la Memoria Democrática porque no ha tenido ninguna reunión oficial y, por lo tanto, es otro comité fantasma más del Gobierno de Pedro Sánchez con el que pretende justificar sus arbitrariedades», en referencia al comité de expertos para la desescalada en plena pandemia por covid-19 que el Gobierno admitió que nunca existió tras ser citado tantas veces por el propio Sánchez, el ministro de Sanidad Salvador Illa o el experto Fernando Simón, entre otros. En opinión del reclamante, «se creó para justificar decisiones arbitrarias pero se ve que Defensa no ha hecho uso del comité, desconociéndose los motivos de ese cambio de posición, probablemente porque no estaría completamente sometido a la férrea disciplina socialista».

Un comité, recalca el peticionario de información a través de Transparencia, que «tampoco ha recibido ningún informe jurídico o dictamen en relación a sus funciones normativas» y que, «como organismo público, es una cáscara vacía».

Recuerda el secretario de la asociación de veteranos del Tercio que el Gobierno respondió en el Senado –tras una pregunta escrita del senador Carlos Mulet (Compromís)– que el Comité de Seguimiento garantizaría que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa siguen el «procedimiento adecuado» y «gozan de un marco de plena seguridad jurídica». Defensa «se ha saltado el procedimiento y además su decisión de retirar el nombre de la Bandera Comandante Franco no disfruta de plena seguridad jurídica», en opinión de Rocafort.

Para la Plataforma Millán Astray «todo evidencia que la decisión es arbitraria y no está fundamentada en Derecho», por lo que «espera que la Audiencia Nacional actúe como un tribunal de Justicia independiente y proceda a restaurar el nombre de la Bandera Comandante Franco, nombre que se seguirá usando entre los veteranos legionarios diga lo que diga Defensa».

La entidad alude al recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su nombre, al figurar entre sus fines estatutarios «la defensa de la Memoria Histórica de La Legión española, obra y legado de su fundador, general José Millán Astray, en donde tiene un sitio estelar la figura del comandante Franco».

Con el mismo propósito, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) abrió esta vía legal en la misma Audiencia Nacional al estimar que el cambio de nombre «no puede encuadrarse en el rango temporal que la Ley de Memoria contempla y hace ilegal y nula la resolución administrativa». La unidad, defiende, se bautiza así para «honrar a un comandante de la Legión en memoria de la actuación valiente y trascendente que supuso el socorro de Melilla en 1921». Para la FNFF, Defensa no esperó al dictamen del Comité de Seguimiento, retiró el nombre de forma unilateral y reconoció «que no existe expediente ni se ha seguido ningún procedimiento», según suscribió el subdirector general de Recursos e Información Administrativa de la Secretaría General Técnica del ministerio.