Memoria Histórica

El «a mí la Legión» por la Bandera Comandante Franco

Los veteranos del Tercio formalizan su demanda ante la Audiencia Nacional por el cambio de nombre de la unidad melillense

Franco (a la derecha, apoyado en el hombro de un compañero), en el norte de África en 1910. Aquí es todavía oficial de Regulares
Franco (a la derecha, apoyado en el hombro de un compañero), en el norte de África en 1910. Aquí es todavía oficial de RegularesARCHIVO FUNDACIÓN FRANCOFNFF

La Plataforma Patriótica Millán Astray considera que el cambio de nombre de la Bandera Comandante Franco de la Legión no se ajustó a la «legalidad», al hacerse «caso omiso al órgano colegiado creado por el propio Ministerio de Defensa para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática (LMD)», según una orden ministerial «que prevé un procedimiento “ad hoc”» establecido «por la propia Defensa», del que acabó «prescindiéndose total y absolutamente», lo que «supone, irremediablemente, su nulidad».

Así consta en la demanda que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, contra la resolución de la cartera de Margarita Robles que modificó la denominación de la unidad legionaria con base en la Comandancia General de Melilla.

Se trata del segundo frente abierto para proteger el nombre de la unidad castrense, tras la demanda llevada a cabo por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), también en la Audiencia Nacional.

La representación legal de los veteranos recuerda que el nombre de Comandante Franco «fue puesto por el Gobierno socialista de Felipe González en 1992, tal como se acreditó ante Defensa y, por lo tanto, no cae dentro del ámbito de la memoria democrática, además de que evoca a una figura histórica y militar, el comandante Franco, que es previa a la Guerra Civil». En su opinión, la decisión se debe a «las presiones de partidos extremistas que odian a España y a la Legión como Bildu o Compromís».

Entienden los miembros de la Plataforma Patriótica Millán Astray que el cambio de denominación «es ilegal por cuanto no ha respetado los legítimos derechos de obtener copia del expediente y formular alegaciones». Es más, «los días 7 y 11 de noviembre de 2022» enviaron «sendas cartas oficiales por correo administrativo a la señora ministra» mostrando su oposición, «personándose en el procedimiento, y solicitando audiencia y copia de las actuaciones en base a la Ley de Transparencia, escritos que no han sido contestados».

Los veteranos del Tercio esgrimen los mismos motivos de nulidad que la Fundación Franco, pero añaden la «irretroactividad» de la norma más sancionadora, como es la LMD, cuando «el propio ministerio reconoce que la Bandera Comandante Franco había pasado el filtro» de la Ley de Memoria de 2007; las respuestas del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet en el sentido de que «se haría uso del comité de seguimiento del Ministerio de Defensa»; argumentan su «legitimidad» para personarse en la causa –«conforme a sus estatutos» y según acreditan acciones similares en defensa de la estatua de Franco en Melilla, dedicada a su etapa legionaria, o la de Millán Astray en La Coruña– y recuerdan que la Ley de Amnistía «impediría sancionar por motivo de la Guerra Civil», que «es precisamente lo que ha hecho el Ministerio de Defensa», aunque «interpretando de forma equivocada» la LMD.

Respecto a las interpelaciones de Mulet, hay una de 2021 en cuya respuesta el Gobierno reconoce que la Bandera Comandante Franco «tiene ese nombre porque fue su primer jefe», apuntan fuentes de la plataforma legionaria. «A Mulet el propio Ejecutivo le asegura que con la Ley de Memoria se ha creado» el [citado] comité de seguimiento [por parte de Defensa]. Viene a decir que se va a seguir un procedimiento que, al final, no se ha respetado», según estas fuentes, pues nada se sabe del dictamen del órgano ministerial, que se había fijado como fecha el 31 de enero para presentar un listado de vestigios y elementos a retirar.

Así mismo, apelan a las Reales Ordenanzas Militares, que recogen la obligación para miembros en activo o retirados de las Fuerzas Armadas de «respetar a sus héroes, y el comandante Franco lo fue, sin duda», afirman las mismas fuentes, que recuerdan que este asunto «está lesionando muy gravemente la moral de los legionarios en activo y de los veteranos», por una decisión que se ha tomado «sin contar para nada con su parecer y opinión», lo que «amerita el absoluto desprecio de Defensa por sus militares».

Adjuntan en su demanda un informe de la época del presidente Zapatero en el que consta que «Defensa es el organismo que más vestigios ha retirado [352], lo que demuestra que está en una constante depuración» que lamentan.

Los veteranos destacan por último la sentencia que en Francia «ordenó mantener la condecoración de la Legión de Honor al comandante Franco», que «se basa en que no se puede retirar un reconocimiento a alguien que ya ha fallecido, básicamente porque no se puede defender de semejante pretensión». En contraposición, «en España se pretende borrarle de la Historia de la Legión cuando es imposible, porque forma parte de nuestra esencia militar». De ahí su apoyo «en auxilio a un compañero», como reza el credo del fundador del Tercio que recoge el «espíritu de unión y socorro»: el célebre «A mí la Legión».