Las actas de los jueces que alertaron sobre las pulseras antimaltrato: "Presentan fallos. Que se corrijan"

Las actas de los encuentros anuales que celebran los presidentes de las audiencias provinciales demuestran que dieron la voz de alarma con los fallos de las pulseras antimaltrato. Pese a que el Ejecutivo mantiene que no recibió ningún aviso del Poder Judicial, los togados alertaron de los riesgos del sistema apenas meses después de que la exministra de Igualdad, Irene Montero, rescindiera el contrato de suministro de estos dispositivos para comprar directamente unos modelos que se venden en la web del gigante chino Aliexpress.

Desde 2024 -esto es, después de la adquisición de las nuevas pulseras y también del cambio de empresa gestora del servicio- los togados han venido advirtiendo de la taras de los actuales dispositivos. Así se desprende de las actas recogidas por LA RAZÓN en las que se avisa tanto de problemas con el centro Cometa -encargado del seguimiento del servicio- como con los dispositivos que Irene Montero dejó de adquirir poco antes de dejar su cargo.

De esta manera, el documento con las conclusiones de las vigésimo terceras jornadas de presidentes de audiencias provinciales, alerta de los "fallos técnicos" de las nuevas pulseras y pide la revisión de las "disfunciones". "Teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones, a fin de evitar la desprotección de las víctimas", indican.

Se trata del tercero de los 36 apartados recogidos en este acta relativa al encuentro que tuvo lugar en Las Palmas en marzo de este año. En las valoraciones efectuadas por las Comisiones Provinciales de Coordinación en Violencia sobre la Mujer no solo se incidió en los graves problemas con los nuevos dispositivos, sino que se pidió también que se ampliara "de manera urgente" la plantilla de técnicos del centro Cometa. "Ante las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de dispositivos de control telemáticos de proximidad, solicitamos la ampliación urgente de la plantilla de técnicos", precisaron.

"Se deben instalar sin demora"

De hecho, los fallos detectados por el centro que monitorea las llamadas se plasmaron ya en el mismo encuentro mantenido un año antes, en 2024, en Valencia. En las actas de dicha cita se alertó también de las incidencias con las pulseras que portan los presuntos agresores. Al hilo, se expuso que la colocación de los dispositivos se debía realizar con la asistencia técnica adecuada y se hizo hincapié en que la instalación se debe llevar a cabo sin demora, en cuanto lo acuerde el órgano judicial. De lo contrario, se podría poner en peligro a la víctima.

Estos documentos vienen a confirmar lo denunciado por los jueces de Violencia de Género consultados por este diario, quienes explicaron que avisaron a la Delegación del Gobierno y también al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ en cuanto se dieron cuenta de los fallos de este sistema. Cabe recordar que el problema detectado es doble: por un lado, descubrieron que con la migración del cambio de empresa gestora se perdieron datos sobre quebrantamientos de condenas de entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Por otro lado, percibieron fallos de calado con el cambio de pulseras que el Gobierno decidió adquirir directamente.

En ambos casos la responsabilidad se atribuye a la exministra de Sanidad Irene Montero. Bajo su mandato se abrió un concurso público para licitar el servicio que desde su instauración en 2009 había recaído en Movistar. Hasta octubre de 2023 la geolocalización se realizaba a través de Telefónica y los dispositivos se alquilaban a una empresa externa israelí. Las fuentes consultadas aseguran que eran aparatos de muy buena tecnología y calidad y que consistían en una pulsera anidada al tobillo con un cierre de seguridad bastante efectivo.

Contrato de urgencia y fondos europeos

La nueva licitación, sin embargo, fue a parar a la UTE Vodafone-Securitas, y se dotó con 50 millones de euros. Esto supuso un aumento de 10 millones de euros con respecto al último contrato renovado a Telefónica en 2021. Así las cosas, Montero lo tramitó por la vía de urgencia apelando a la "necesidad inaplazable" de iniciar este procedimiento. Además, se financió con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE).

La consecuencia directa de este contrato, que entró en vigor en febrero de 2024, fue la pérdida de datos de quebrantamientos de condena por parte del sistema Cometa. Los fallos en la migración del servicio se tradujeron en absoluciones y archivos de causas para aquellos investigados sobre los que solo pesaba un quebrantamiento de las órdenes de alejamiento de las víctimas. Los jueces consultados por este medio así lo constatan especificando que en algunos casos no quedaba otra alternativa, ya que la prueba clave que podría evitarlo había desaparecido.

El segundo de los errores fue más grave. El cambio de dispositivos también evidenció problemas pronto. Los togados -que aseguran que estas nuevas pulseras son de una manifiesta peor calidad- comenzaron a detectar fallos de geolocalización, falsas alarmas y, lo más peligroso, que algunos investigados se lo podían retirar fácilmente. Los avisos no solo se giraron al Observatorio, sino que también se informó a la Delegación de Gobierno e incluso se compartió información de estos fallos con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Sin noticias de Igualdad en el CGPJ

En ese sentido, la entonces presidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona, recopiló las alertas y dio traslado al Ministerio de Igualdad, pero su titular, Ana Redondo, niega haber recibido notificación alguna del Poder Judicial. Según informó la Cadena Ser, este departamento envió una carta al CGPJ asegurando que no habían sido notificados de estos graves errores. Fuentes del órgano de jueces consultadas por LA RAZÓN aseguran que el viernes a las 14.00 horas todavía no habían recibido ninguna misiva.

Con todo, los jueces hacen un llamamiento a la calma. Los togados admiten que la mala calidad de las pulseras se traduce en un menor uso, pero recuerdan que no lo portaban ni una sola de las mujeres asesinadas por violencia machista. De hecho, aseguran que la pulsera antimaltrato es una medida cautelar a la que se opta para evitar acordar la prisión pero que, ante las dudas sobre sus fallos se opta por la cárcel. La víctima es la prioridad.

Por ese motivo, inciden en la necesidad de no crear alarma social ya que más de 4.500 mujeres tienen este dispositivo activo. Además, recuerdan que el sistema no siempre ha funcionado correctamente, ya que todos los dispositivos de geolocalización suelen dar problemas. En cualquier caso, sí reprochan las palabras de la ministra de Igualdad acerca de que estos fallos solo han afectado al 1%. Al hilo denuncian que es especialmente grave al margen del número de casos, porque con la pérdida de los datos sobre quebrantamiento de órdenes de alejamiento se ha perdido en muchas ocasiones la prueba clave del procedimiento.