El CGPJ reclama a Justicia 15 plazas de refuerzo en el Supremo ante la acumulación de vacantes sin cubrir

La complicada situación que vive el Tribunal Supremo (TS) por la imposibilidad legal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nombramientos mientras siga en funciones ha hecho reaccionar al órgano de gobierno de los jueces. Haciendo suyo el llamamiento del Gabinete Técnico del alto tribunal, la Comisión permanente reclama al Ministerio de Justicia la creación de 15 plazas de letrado en el Supremo para hacer frente a la acumulación de vacantes, que ya roza la veintena. Asimismo, remitirá a Congreso y Senado su acuerdo y el informe del TS reclamando soluciones.

En el informe aprobado el pasado 16 de enero, el Gabinete Técnico del Supremo alertaba de la insostenible situación que está padeciendo a consecuencia de la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos en marzo de 2021 -para forzar al PP a negociar la renovación del Consejo, cuyo mandato caducó hace más de cuatro años-, que desde entonces no permite al CGPJ realizar nombramientos discrecionales y cubrir así las vacantes judiciales, que actualmente suman 19, lo que supone un 24 % de la plantilla legal de 79 magistrados, y que en los próximos meses alcanzarán la cifra de 24 vacantes, un 30,37 % de la planta del tribunal.

Si se suman al Supremo los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, las vacantes sin cubrir son ya 75, tal y como informó LA RAZÓN.

La Sala Social y la Contenciosa, en apuros

Tras tomar conocimiento del informe, la Comisión Permanente ha acordado asumir las propuestas de medidas de apoyo que realiza la Sala de Gobierno y solicitar al Ministerio de Justicia que proceda a autorizar la creación de 15 plazas de letrado para las salas de lo Social y de lo Contencioso-administrativo, que son las que suman un mayor número de vacantes.

El alto tribunal defendía en ese dictamen la creación de ocho plazas de letrado en la Sala Tercera y de siete en la Sala Cuarta para que sean cubiertas preferentemente por magistrados de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social, respectivamente.

La función de esos letrados sería asistir a las secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias. Según el informe del Gabinete Técnico, sólo entre esas dos salas se dictarán este año un total de 1.230 sentencias menos (570 en el orden contencioso y 660 en la Sala Social).

Tras la celebración de un Pleno extraordinario en el que los vocales no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre las iniciativas a adoptar en defensa del Tribunal Supremo, cinco consejeros conservadores -José María Macías, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Ángeles Carmona y Gerardo Martínez Tristán- se quejaron de que el Ministerio de Justicia "usurpe, bajo la excusa de las limitaciones presupuestarias, la competencia del CGPJ para adoptar las medidas de apoyo y refuerzo de los tribunales", un rechazo que atribuían a un "puro criterio de oportunidad" del departamento que dirige Pilar Llop, al que reprochaban que de esta forma se arrogue "competencias de las que carece".

"Es necesario poner fin a esa práctica -insistían los vocales disconformes-, frente a la que el diálogo en las comisiones mixtas se ha revelado inútil, y plantear los correspondientes recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en defensa de las competencias del CGPJ y, con ello, de la independencia de los tribunales de justicia".