La falta de consenso impide reaccionar al CGPJ por las vacantes judiciales sin cubrir

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han sido capaces de ponerse de acuerdo en las acciones a emprender en defensa de sus competencias para realizar nombramientos judiciales que ayuden a paliar la delicada situación que vive la cúpula judicial, con 75 vacantes ya sin cubrir, y en especial el Tribunal Supremo.

Casi dos años se cumplen ya de que entrara en vigor la reforma legal que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones (como sucede desde diciembre de 2018). PSOE y Unidas Podemos acometieron el cambio legal convencidos de que el PP no tendría más remedio que negociar la renovación del CGPJ ante el progresivo deterioro de la Administración de Justicia por la acumulación de vacantes sin dueño.

Pero la realidad es que la renovación del Consejo no se ha producido y, con las elecciones generales ya en el horizonte, ese relevo está más lejos que nunca con el Gobierno y el PP más distanciados si cabe a cuenta de la reforma penal que ha derogado la sedición y rebajado las penas de la malversación a la medida de los presos del «procés».

El "grave" impacto de la reforma

En el Pleno extraordinario celebrado hoy, se trataba de reaccionar como institución a lo que ya en octubre del pasado año el expresidente del CGPJ y del Supremo Carlos Lesmes calificó como un «estropicio» en la recta final hacia su irremediable dimisión. Pero la falta de acuerdo entre los vocales ha acabado maniatando –al menos por ahora– esa prevista reacción del Consejo.

Sobre la mesa había dos propuestas, pero ninguna salió adelante. La remitida por la Comisión Permanente consiguió el aval de siete vocales y el rechazo de once. La segunda, apadrinada por los vocales Enrique Lucas y Gerardo Martínez Tristán, estuvo más cerca de prosperar: ocho vocales la apoyaron, nueve se opusieron y la consejera Concepción Sáez votó en blanco.

La propuesta de la Comisión Permanente califica de «grave» el impacto de la reforma en el funcionamiento de la Justicia, de la que constata su «ineficacia» a la vista de que su objetivo –renovar el CGPJ–no se ha producido dos años después. El escrito aboga por instar a Congreso y Senado a la «inmediata renovación» del Consejo y, si esta no prospera, trasladar a ambas cámaras la «urgente necesidad» de devolver las competencias para realizar esos nombramientos discrecionales.

"Lloriquear al Parlamento"

La segunda propuesta insta a las Cortes a habilitar de forma urgente al CGPJ para que pueda realizar esos nombramientos «a la mayor brevedad». Asimismo, apremia a Justicia a asumir «sin demora» las medidas de refuerzo que reclama el Supremo. La propuesta incluye también la exigencia de derogación de la reforma de marzo y que se permita al Consejo realizar los nombramientos «cuyos expedientes comenzaron antes de la entrada en vigor de la ley» (doce, cuatro de ellos en el TS).

Fuentes del CGPJ que han respaldado esta segunda propuesta mostraban su sorpresa por el hecho de que una vocal haya «minimizado» el impacto que la medida tiene en el alto tribunal, «en la misma dinámica del Gobierno», y califican el tenor de la primera propuesta como un mero intento de «lloriquear al Parlamento» que «no abre la puerta a posibles soluciones».