La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga más contratos de obras públicas durante la etapa de José Luis Ábalos que fueron adjudicados a dedo a las empresas salpicadas por las "mordidas" en el "caso Koldo", según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN. Los agentes han recibido en las últimas semanas nuevos datos sobre licitaciones que podrían haberse acordado.

En el auto del Tribunal Supremo que enviaba a prisión a Santos Cerdán, Leopoldo Puente ya advertía de que las primeras cinco obras señaladas en el último informe de la UCO podrían verse ampliadas con el avance de las diligencias. El magistrado expuso que los tres investigados podrían haberse repartico cinco millones de euros por la concesión de trabajos a las empresas señaladas.

Una cifra que podría incrementare a tenor de los datos que ahora mismo tienen sobre la mesa los investigadores. En las últimas semanas, la Guardia Civil ha recibido nueva información sobre las presuntas irregularidades que se iban produciendo en Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

Estos datos revelan mecanismos de Ábalos y Koldo en favor de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) que fue precisamente registrada por la UCO el pasado 10 de junio. La sede social de esta mercantil se encuentra en Toledo. Los agentes se llevaron dos evidencias digitales y un legajo de documentos.

El material eran los ordenados de dos de los trabajadores que se encontraban en la oficina de la sociedad. De la misma forma se llevaron informes históricos sobre las licitaciones públicas que habían conseguido con el Ministerio de Transportes.

Las sospechas sobre OPR eran persistentes durante el tiempo que estuvo José Luis Ábalos al frente de la cartera. No solo por los supuestos mecanismos del ministro sino también se ponía en duda las obras que conseguían en Adif y Adif Alta Velocidad.

Un contrato de emergencia de la trama Koldo

Todos estos recelos comenzaron por una conversación en una comida de trabajo, en la cual el dueño de la empresa OPR presuntamente presumía de que "Ábalos les arreglaba las cosas a cambio de que le pagasen sus fiestas". Una afirmación que supuestamente se la habrían hecho también a trabajadores de Adif.

Esta denuncia fue comunicada de forma interna a la empresa pública para que investigara en 2023. Sin embargo, los responsables no vieron fraude y cerraron las diligencias que se habían practicado. Ahora, la UCO ha tenido conocimiento de los datos que se aportaban en aquel extenso escrito.

Precisamente, uno de los nuevos focos en los que se van a centrar son las obras de emergencia que son otorgadas a dedo por la Administración. Así, los investigadores del "caso Koldo" han localizado una que fue mencionada en la denuncia interna de hace dos años.

Son los trabajos relativos a las vías férreas interurbanas del tramo de Zamora hasta Orense. El concepto fue el de: "Obras de ejecución del proyecto de construcción para la reposición de caminos de enlace y servicio por estabilizado de taludes en los tramos: La Hiniesta-Perilla de Castro-Otero de Bodas-Cernadilla. Línea de alta velocidad Madrid – Galicia".

Este contrato fue adjudicado sin publicidad a OPR por un importe de 390.761,50 euros. No hubo más ofertas como en otros procedimientos donde los informes técnicos eran claves. Fue formalizado el 12 de noviembre de 2019 en plena etapa de José Luis Ábalos e Isabel Pardo de Vera. La publicación de la licitación fue realizada directamente por la Adif Alta Velocidad Presidencia.

Sin informes de la licitación

Se da la circunstancia de que el Portal de Contratación del Estado no ha publicado ningún informe sobre esta licitación. Se desconoce quién firmó la formalización de la adjudicación. Tampoco Adif Alta Velocidad ha subido a su dominio los datos sobre estas obras. Unos trabajos que ahora están en el foco de los investigadores del caso Koldo que analizan el papel de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán.

Esta obra se une a las que ya estaban en el foco de los investigadores. Son cinco adjudicaciones a Acciona que tuvieron sobrecostes millonarios que supusieron 113,4 millones de euros para las arcas públicas. La Rioja, Andalucía, Cataluña y Murcia fueron los escenarios de las mismas.

El volcado de los dispositivos móviles y los registros que se practicaron ofrecerán nuevos datos a los agentes de la UCO de una trama que ya ha provocado el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán. El ex número tres socialista aguarda en prisión el avance de las diligencias del "caso Koldo" que ya es considerado por muchos como el "caso PSOE".