La Comisión de Venecia se reunirá hoy y mañana con el CGPJ, la Fiscalía y las asociaciones de jueces

Hoy llega a Madrid la delegación de la Comisión de Venecia, que durante dos días tiene previsto reunirse con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, cuya Mesa ha solicitado a este órgano que elabore un informe sobre la futura ley de amnistía.

Pero la agenda de la Comisión de Venecia es apretada. Esta tarde acudirán a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reunirse con su presidente en funciones, Vicente Guilarte. Allí también se encontrará con las cuatro asociaciones de jueces. También se reunirá con distintos grupos parlamentarios y con expertos del Centro de Estudios Constitucionales. Y el viernes, según ha podido confirmar LA RAZÓN, también tendrá un encuentro con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pero no se celebrará la reunión con el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, tal como ha informado este periódico.

Esta visita de dos días tiene como objetivo recabar antecedentes e información sobre la norma que se tramita en el Congreso y que pretende aplicar esta medida de gracia a todos los delitos del "procés", incluidos los de terrorismo "no grave" y los de malversación. Actualmente su tramitación está estancada, después de que en el Pleno de la Cámara Baja sufriera un duro revés: el "no" de Junts a las enmiendas de la ley que beneficiará a su líder y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La Comisión de Venecia, o Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y que recibe su nombre de la ciudad italiana en la que se reúne. Sus conclusiones no son vinculantes, pero sus dictámenes cuentan con el respeto y reconocimiento institucional de los Estados miembro.

Integrada por expertos juristas elegidos a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, da respuesta a las solicitudes de los Estados de la Unión Europea (UE) para que valore leyes importantes o reformas constitucionales. Tal como ha hecho con España, designa un grupo de trabajo que puede o no realizar visitas a los países que solicitan su opinión, que se basa en los “Criterios de verificación del Estado de Derecho” que adoptó en 2016 y fue ratificado en 2017.

Se prevé que tengan listo el informe antes de mediados de marzo. Según fuentes consultadas por este periódico, si el informe es negativo, no se puede esperar que sea contundente, sino que lo más probable es que matice todas las conclusiones. Lo máximo que pueden hacer es plantear una serie de recomendaciones.