El Congreso cuela la reforma de la euroorden en su informe para la presidencia de la UE

España asumirá el próximo 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea y, desde diversos espacios políticos, sociales y económicos se han ido elaborando propuestas para que el Gobierno las tenga en cuenta. En este sentido, de especial valor político son las sugerencias del Congreso, canalizadas a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Aunque no son vinculantes, sí son significativas porque parten de un amplio consenso de los grupos parlamentarios. El grupo de trabajo creado hace casi un año está ultimando sus propuestas y, entre ellas, se ha colado la reforma de la euroorden.

Este grupo de trabajo (ponencia) ha elaborado un informe con propuestas, que se encuentra ya en el tramo final de la fase de enmiendas. En el documento, al cual ha tenido acceso este diario y que está ya muy avanzado y posiblemente se apruebe esta misma semana, el PP ha introducido la reforma de la euroorden con el plácet del PSOE. De momento, es un borrador, por lo que tiene que aprobarse en Comisión (previsiblemente, el jueves), pero todo apunta a que se mantendrá siempre que los socialistas no se echen atrás por presiones de sus socios de investidura.

En concreto, la enmienda introducida por los populares se encuentra en el bloque diez (hay doce), relativo «a la necesidad de avanzar en la construcción de una Europa más democrática». Está en el punto 10.1 del documento y dice lo siguiente: «Modernizar la Cooperación Judicial y avanzar en la digitalización de la justicia e instar a la Comisión Europea a presentar la reforma de la Euroorden, de manera que incluya también los delitos cometidos contra el orden constitucional, tal y como ha reclamado el Parlamento Europeo». Es decir, con este redactado, se aspira a que la Comisión Europea, que tiene la potestad para la iniciativa legislativa en el ámbito europeo, dé un paso al frente con esta cuestión. Luego, el Parlamento europeo y el Consejo de la UE actúan como las principales instituciones para la tramitación de las iniciativas legislativas, por lo que el papel del Gobierno puede ser determinante para encarrilar esta cuestión.

Este punto cobra mucha importancia porque sigue siendo determinante para extraditar a Carles Puigdemont, principal responsable del «procés», que casi seis años después, no ha podido ser juzgado en España porque países como Italia, Alemania y, sobre todo, Bélgica, se han negado a su entrega. Recientemente, en enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio un espaldarazo al Tribunal Supremo, al considerar que Bélgica no puede negarse a cumplir con la euroorden dictada por otro país miembro. Pese a eso, cinco meses después, Puigdemont sigue sin ser extraditado y la situación continúa alargándose.

Lo cierto es que la euroorden se aplica desde 2004 en la Unión Europea y vino a sustituir los procedimientos anteriores de extradición para simplificar los procesos de entrega entre países. Sin embargo, el «caso Puigdemont» ha evidenciado que requiere de reformas y ahí el PP lleva ya años tratando de impulsar una modificación en el ámbito europeo. En este sentido, cabe recordar que el eurodiputado Javier Zarzalejos ya promovió un debate en el Parlamento Europeo y ahora los populares han tratado de dar un paso más a través de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que corresponde a España.

Más allá del punto sobre la euroorden, hay diferentes bloques, relacionados con carpetas como Exteriores, con la contribución de España a ayudar a Ucrania en la implementación de los cambios institucionales que conduzcan al país a una «pronta adhesión» a la UE y el abordaje de las relaciones de Europa con América Latina y el Caribe o los vecinos del sur; Economía, con la profundización del mercado común interior (Podemos plantea una armonización fiscal que ha sido introducida como enmienda en el borrador del informe), el fortalecimiento mediante la autonomía estratégica abierta o el apuntalamiento de la transición verde y digital; Derechos Sociales, para hacer frente a la desigualdad y las brechas sociales y de género; o, un pacto de Migración y Asilo.

En el informe aparecen enmiendas del PP, principalmente, y algunas de Podemos, Ciudadanos, PNV o Esquerra. Este martes vuelve a reunirse la ponencia por última vez, previsiblemente, para tratar de introducir algunos cambios pactados mediante enmiendas y el siguiente paso será que la Comisión dé el beneplácito al documento (es decir, los grupos parlamentarios). Esa sesión en Comisión podría celebrarse este mismo jueves.

La ponencia (grupo de trabajo) está compuesto por diputados y senadores: en total tres representantes de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, dos representantes de los grupos de Vox y de Unidas Podemos y uno de los demás grupos parlamentarios (PNV, Ciudadanos y grupo plural, que está compuesto por JxCat, PDeCat, Más País y Compromís).