«Creo en el descanso para todos los que yacen en el Valle de la reconciliación»

Un juzgado madrileño ha ordenado a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, atendiendo así la medida cautelarísima solicitada por Marina Benayas, nieta de una mujer enterrada allí que alegó una vulneración al derecho fundamental a la libertad religiosa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid ha aceptado la medida solicitada por la nieta de una de las 133 mujeres enterradas en la basílica, representada por la asociación Abogados Cristianos, que adujo que los trabajos de exhumación que se llevan a cabo vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa, ya que se remueven cadáveres sin autorización de sus familiares.

El juzgado da tres días a Patrimonio para que haga alegaciones, después de lo cual se dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, que será recurrible conforme a las reglas generales, según el auto difundido por Abogados Cristianos.

Este auto se suma a las medidas cautelares en vigor tras la paralización de las obras en el recinto por falta de licencia urbanística, el pasado mes de septiembre.

Benayas forma parte de los familiares que apoya la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que manifiesta su insistencia en «defender los indudables derechos de las 269 familias que representamos».

Abogados Cristianos considera que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponen «una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa». La organización de juristas argumenta que «el derecho constitucional a la libertad religiosa ampara el derecho a una digna sepultura». Añade que con «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa». Y denuncia que «para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares».

«Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo», señala Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.

Pablo Linares, presidente de la ADVC, celebra a su vez la decisión judicial. Asegura que el derecho a descansar en paz con respeto a su dignidad «no debe ser discriminado ni ignorado conforme al artículo 10 de la Constitución Española».

Marina Benayas asegura a LA RAZÓN estar «contenta», pese a que el desenlace está por determinar. «De todos modos», dice, «solo quiero que esto pase ya, que llevamos bastante. Quizá cuando esta generación de nietos de familiares que están en el Valle ya no estemos todo será diferente, porque nuestros hijos ya lo ven de otro modo. Por eso creo que lo importante es creer en una España unida, en que hay que trabajar mucho para que nuestros jóvenes salgan adelante y dejar el pasado atrás. Sin olvidarlo, pero detrás. Creo en el descanso y la oración por todos los que yacen en el Valle de la reconciliación. Ya no removamos más».

El fallo del pasado septiembre impugnó el acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía a Patrimonio Nacional «licencia urbanística para la habilitación de los accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos». El mismo juzgado ya suspendió de forma cautelar la licencia municipal en noviembre de 2021, decisión que fue revertida posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Tribunal Supremo. En aquella ocasión se consideró que podrían producirse daños irreparables antes de que se entrara en el fondo del recurso interpuesto.

El abogado de las familias que han solicitado la exhumación de más de un centenar de víctimas, el letrado Eduardo Ranz, ha manifestado a la Cadena Ser que la mujer que ha recurrido tiene a su familiar en otra cripta distinta en la que se está trabajando. Sin embargo, cabe recordar que cuando se acometieron obras al otro lado de las capillas, hubo una redistribución de restos que podría haber alterado el depósito original.

Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de los Caídos comenzaron el pasado 12 de junio y han localizado por ahora 12 cuerpos reclamados por sus familiares ubicados en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro. De momento no hay novedades sobre los hermanos Lapeña, cuyas familias abrieron el proceso en teoría detenido, aunque la ADVC ha detectado «ruido» en el interior de la basílica y lo puso en conocimiento del juzgado, «que lo ha paralizado por completo». «Si hay unas cautelares otorgadas por falta de licencia y suspendidas las obras, no ha lugar a que estén ahí los trabajadores de Tragsa», afirma Linares. «Y aunque las obras no estuvieran permitidas, con este fallo no estarían permitidas las exhumaciones», concluye.

El Gobierno recurrirá

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el Gobierno va a recurrir el auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid que ordena a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones en el Valle de los Caídos.

"No compartimos lógicamente ese fallo judicial, que además nace de iniciativas también individuales, creo que erróneas, y lo que vamos a hacer es recurrir ese fallo. Tenemos posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior para que esas exhumaciones continúen", ha anunciado el ministro en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE.

En este contexto, Torres ha recordado que el Parlamento español aprobó una ley de memoria democrática "que lo que hace es reponer, restituir y no repetir acontecimientos de la Guerra Civil y del totalitarismo".