Cuenta atrás para la decisión sobre el banquillo del fiscal general

La apertura de juicio oral contra David Sánchez puede no ser la única mala noticia que reciba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en esta recta final del mes de mayo. La situación procesal del fiscal general del Estado es cada vez más delicada y, una vez declare hoy en el Tribunal Supremo (TS) Alberto González Amador, el magistrado Ángel Hurtado debe decidir si procesa por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz por la difusión de datos reservados del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, el fiscal general –con el que el Gobierno ha cerrado filas– se juega sus últimas bazas para intentar que Hurtado archive la investigación contra él. Tras haber cosechado un revés tras otro al ver cómo la Sala Penal del alto tribunal ha ido avalando las decisiones del instructor, hoy se apunta una pequeña victoria con la declaración de González Amador, que el juez rechazó por innecesaria y que se vio obligado a acordar al estimar la Sala el recurso de la Abogacía del Estado.

La defensa centra ahora sus esfuerzos –pese a que sigue negando la filtración de ese reconocimiento del fraude fiscal por parte del novio de Ayuso buscando un pacto con la Fiscalía– en intentar acreditar que esa información –que trasladó el abogado del empresario al fiscal del caso el 2 de febrero del pasado año– ya había sido difundida previamente, por lo que no es posible hablar de revelación de secretos.

"Divulgación autorizada" y "filtración subrepticia"

Además, pone el foco en la filtración previa del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, del correo del 12 de marzo del pasado año en el que el fiscal trasladó a la defensa de González Amador su disponibilidad a cerrar un acuerdo de conformidad. El propio Rodríguez admitió este hecho ante el juez, a quien aseguró que cuando lo difundió a algunos medios desconocía la existencia de ese correo del 2 de febrero.

No obstante, el instructor ya rechazó la comparativa con los hechos investigados, en la medida en que –insistió– que González Amador autorizase la «divulgación autorizada» de esos datos reservados sobre su persona no tiene carácter delictivo, desligándolo de la «filtración subrepticia» que achaca al fiscal general.

Pero la Abogacía del Estado también ha reclamado al juez –en defensa de García Ortiz– una batería de diligencias que considera determinantes para reclamar el archivo de la causa. Y es que los Servicios Jurídicos del Estado quieren que el instructor llame a declarar al exabogado de González Amador y a varios periodistas para intentar acreditar que estos últimos ya tenían conocimiento del contenido del correo del 2 de febrero del pasado año 24 horas antes del 13 de marzo, cuando se produjo la filtración que el juez atribuye al fiscal general.

La defensa de García Ortiz pretende que se incorpore al procedimiento un acta notarial del pasado 12 de mayo en la que el subdirector de «El País» deja constancia de que el 12 de marzo de 2024 desde la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se le trasladó que el entonces abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, «había admitido los delitos y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión que pediría la Fiscalía».

La defensa de García Ortiz

Una información que, según señala en esa acta notarial, compartió con tres compañeros para que confirmaran la noticia un día antes de que el fiscal general consiguiese «cerrar el círculo» y hacerse con ese correo clave tras reclamárselo insistentemente a Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid también imputada, que se lo reclamó al fiscal del caso mientras asistía a un partido de Champions del Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Según la Abogacía, este hecho acredita que «el núcleo de la información» contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 –la voluntad de González Amador de reconocer los delitos fiscales que se le atribuyen– «ya había sido revelado» al periodista –cuya declaración como testigo ha solicitado– por «trabajadores de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» antes de que el fiscal general recibiera ese correo a las 21:59 horas del 13 de marzo del pasado año (minutos antes de que la Cadena Ser lo hiciese público).

La defensa de García Ortiz ve clave este testimonio, que considera «objetivamente incompatible» con la atribución al fiscal general de la presunta filtración, «por cuanto la información ya era conocida y había sido difundida a diversos profesionales de la comunicación por personas completamente ajenas a su persona».

En esa misma línea, pide que declaren otros tres periodistas de «El País» que contactaron con el entonces abogado de González Amador para intentar confirmar la veracidad del contenido de ese correo, y que se incorpore a la causa el acta notarial del pasado día 13, en la que se recogen «el contenido de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados» con Neira en relación con la noticia publicada en este mismo medio el 20 de enero de 2025 bajo el título «Las pruebas de un “secreto” difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general».

El juez ha rechazado las últimas peticiones de diligencias

El instructor ya rechazó con anterioridad la declaración como testigos de algunos de estos periodistas, pero la defensa del fiscal general justifica esta nueva petición en «la aparición de nuevos elementos de convicción», en referencia a esas actas notariales que, llaman la atención fuentes de las acusaciones populares, «carecen de capturas, como sí tenía el acta notarial de Juan Lobato» (en la que exlíder del PSOE en Madrid hizo constar ante notario en noviembre del pasado año los mensajes cruzados el 14 de marzo de 2024 con la jefa de gabinete de Óscar López Pilar Sánchez Acera, que le facilitó un pantallazo del correo del 2 de febrero para que lo exhibiera en la Asamblea contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso).

Pero a este respecto Hurtado ya señaló en una de sus resoluciones que el delito por el que está siendo investigado García Ortiz consiste en “revelar un secreto o información confidencial, al que ha tenido acceso el sujeto activo y no ha de ser divulgada. Una confidencialidad que -precisó- “no se pierde porque haya existido información previa sobre aspectos ajenos al núcleo de lo confidencial”.

Hurtado -que tras la declaración del novio de Ayuso debe decidir si procesa a García Ortiz por revelación de secretos, como le ha pedido ya una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- aún no se ha pronunciado, pero acaba de rechazar de un plumazo las diligencias que le solicitaban tanto la defensa de González Amador como la propia APIF, al no verlas esenciales para tomar la decisión de archivar la causa o seguir adelante con el procedimiento, lo que dejaría al fiscal general a un paso del banquillo.