Pleno
El TC debatirá el rechazo del recurso de Ayuso al impuesto a las grandes fortunas
El borrador de sentencia que analizarán los magistrados inadmite el recurso de la Comunidad de Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) abordará en el próximo Pleno el recurso que el pasado febrero interpuso el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Pleno, de mayoría progresista, debatirá un borrador de sentencia que concluye que ese recurso debe ser desestimado, según confirman fuentes de la corte de garantías. La ponencia sobre la que se pronunciará el Constitucional ha sido elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer.
La Comunidad de Madrid argumentó que ese impuesto de solidaridad invade las competencias fiscales de las comunidades autónomas reconocidas en la Constitución sobre la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto de Patrimonio, bonificado en su totalidad en la región desde el año 2008. Para el Ejecutivo de Ayuso, ese impuesto atenta además contra la seguridad jurídica, puesto que pese a entrar en vigor en diciembre del pasado año sus efectos se remontaron a comienzos del ejercicio con carácter retroactivo.
En su recurso, la Comunidad de Madrid esgrimió asimismo que el impuesto a las grandes fortunas supone una ruptura de la autonomía financiera de las comunidades por afectar de lleno a su política fiscal (consagrada en el artículo 156 de la Constitución Española). En su exposición, también incidía en una supuesta vulneración de los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución Española, que señala que «se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica» sin ánimo «confiscatorio».
El denominado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha recaudado hasta el momento este año 623 millones de euros según datos de Moncloa, que apuntan que 12.010 grandes patrimonios, que representan el 0,1 por ciento de los contribuyentes de nuestro país, han abonado por este concepto una cuota media de 52.000 euros anuales.
Ayuso: "Espanta a los inversores"
El pasado septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a criticar un impuesto que, según denunció, tiene como objetivo "hacer daño" a Madrid, ya que -se quejó- "las prisas" en su redacción han acarreado que la recaudación sea mucho menor de la estimada. "Resultado: el perjuicio tan grande a la credibilidad de España, que espanta a los inversores, a cambio de una recaudación tan baja", ironizó la líder del PP en Madrid en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde tachó de "deficiente" la redacción de la normativa del polémico impuesto.
Al margen de recurrir al TC, el Ejecutivo de Ayuso mantiene abierta otra vía judicial, pues el pasado septiembre presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprobó el modelo para la liquidación del tributo.
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Cuestión de inconstitucionalidad