Del «caso Pujol» a las ITV: marcados por el escándalo

«Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 por ciento». Desde que Pasqual Maragall pronunció estas palabras en el Palament de Cataluña hace ya diez años señalando con el dedo a Artur Mas, se abrió la caja de Pandora y el oasis que Cataluña pregonó ser durante los 23 años de mandato de Jordi Pujol se convirtió de la noche al día en espejismo. De nada sirvió que el entonces presidente de la Generalitat retirara las palabras a petición de un enojado Mas, que ostentaba el título de líder de la oposición.

Banca Catalana

Jordi Pujol logró convertir el caso Banca Catalana, archivado en los años ochenta, en una causa del Estado contra él. La misma estrategia victimista sigue utilizando hoy Convergència con menos éxito después de que el padre fundador confesara hace poco más de un año que había evadido dinero en el extranjero durante 34 años, supuestamente de una herencia que de su padre. Las pesquisas del «caso Pujol» están abiertas y una de las pistas que siguen los investigadores en la de Banca Catalana.

En la querella del caso Banca Catalana se acusaba a Pujol por apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Pero la denuncia acabó desestimada, pese a que los fiscales de entonces señalaron irregularidades.

Caso Pujol

Otra de las pistas que sigue el caso Pujol es precisamente el cobro de «mordidas» a empresas a cambio de adjudicaciones a obra pública. El ex president de la Generalitat, despojado del título de «Molt Honorable», confesó el 25 de julio de 2014 que había evadido durante 34 años en el extranjero un dinero de una herencia que supuestamente dejó su padre, Florenci Pujol a su mujer y a sus siete hijos. El juez ha abierto diligencias contra el matrimonio y los siete hermanos. La herencia era de 4 millones. Pero se acusa a la familia Pujol Ferrusola por blanqueo de capitales por valor de 33 millones a través de bancos de once países diferentes. También se les acusa de cohecho, entre 2004 y 2012, recibieron 8 millones de euros de empresas contratistas de la Generalitat.

Caso Palau

Siete años después de que la policía entrara en el Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau de la Música aún esperan el juicio. También Daniel Osácar, el ex tesorero de Convergència. Se les acusa de cobrar comisiones a Ferrovial a cambio de adjudicación de obra pública a través del Palau de la Música. El saqueo podría alcanzar los 35 millones. En esta caso, se habría cobrado a Ferrovial, que entre otras obras dirigió la Ciutat de la Justicia y la L9 del Metro, un 4 por ciento. Montull y Millet se repartían un 1,5 por ciento. Osácar volvió ayer a ser noticia porque la Guardia Civil registró su vivienda.

Caso Clotilde

También registrarón el Ayuntamiento de Lloret de Mar, cuyo ex alcalde, Xavier Crespo, acusado de cobrar de la mafia rusa e imputado en la operación Clotilde.

Santi Vila, actual conseller de Territorio y Sostenibilidad también fue ayer salpicado por los registros. Fue alcalde de Figueres entre 2007 y 2012, uno de los ayuntamientos en los que entró la Gyardia Civil. Vila está en el punto de mira de la justicia también. A instancia de la Fiscalía, hace un mes, un juez abrió diligencias para investigar unos alquileres que el Consistorio habría pagado a una empresa relacionada con el grupo Miquel Alimentación bajo su mandato.

Caso ITV

Este escándalo acabó con la carrera política de Oriol Pujol, imputado por tráfico de influencias a favor de su amigo Sergi Alsina para hacerse con la concesión de las ITV, una derivada del «Caso Campeón». Oriol no es el único hijo salpicado por investigaciones judiciales. El mayor de los hijos de Pujol, Jordi, continúa bajo la lupa de la Audiencia por sus millonarios movimientos de divisas y por su posible relación con comisiones ilegales.

Caso Innova

Estas pesquisas tienen su origen en Reus, donde se investigan irregularidades de empresas municipales con un hospital.

El 3 por ciento: comisiones por adjudicaciones

Lo ocurrido en este nuevo caso de corrupción política en Cataluña recuerda mucho a otras investigaciones realizadas con anterioridad, como al famoso «caso Palau», donde el reparto de comisiones a través de un interlocutor para evitar levantar cualquier tipo de sospechas era una constante.En esta ocasión, se repite en cierto modo esta actuación «triangular», pues lo que se investigan son las comisiones ilegales de, al menos, el 3 por ciento por parte de la empresa constructora Teyco –de Jordi Sumarroca– a Convergència Democrática de Cataluña. La forma de operar de la trama investigada partiría, supuestamente, de las aportaciones económicas de esta empresa a la Fundación Catalanista y Demòcrata (CatDem), de Convergència, la cual actuaría como una especie de «mediadora», a cambio de facilitarle licencias de construcción para grandes proyectos en diferentes municipios (como un aparcamiento en la localidad tarraconense de Torredembarra), por lo que el partido de Artur Mas recibiría ese 3 por ciento del valor de las adjudicaciones por parte de Teyco. Al hacerse a través de la fundación no hacían tanto «ruido».