El delegado de protección de datos de la Fiscalía ampara a García Ortiz: tenía la "facultad de destruir" sus mensajes

El fiscal del Tribunal Supremo Agustín Hidalgo, delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, ha afirmado que Álvaro García Ortiz tenía la "facultad de destruir" sus mensajes cuando cambió de móvil una semana después de que el Tribunal Supremo decidiese investigarlo por revelación de secretos por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El testigo ha avalado que el fiscal general utilizara una cuenta particular de correo electrónico para que le remitiesen los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto sobre un posible acuerdo de conformidad. Según Hidalgo, García Ortiz no vulneró ninguna normativa interna. Pero ha dejado claro que nadie le informó del borrado de mensajes en esa cuenta ni de los que figuraban en su teléfono móvil. "No me informaron pero no tenían por qué informarme" porque no tenía "ninguna facultad" al respecto. Y es que, según ha defendido a preguntas de la abogada del Estado Consuelo Castro, ningún fiscal tiene la obligación de comunicárselo.

Según ha referido, una de las cosas por las que he luchado desde que le nombraron delegado de protección de datos ha sido en eliminar el que ha denominado "síndrome de Diógenes en la Administración de Justicia" debido a que todos los fiscales quieren "conservar sus magníficos informes" aunque eso aumente el riesgo de que se produzca una brecha en la seguridad de los datos almacenados. De hecho, ha considerado que "por supuesto" la eliminación de datos que el propio fiscal Montero Juanes ha calificado de "innecesarios" contribuye a disminuir los riesgos de que se produzca una brecha seguridad.

El fiscal del Supremo se ha referido a los protocolos internos al respecto en el seno de la Fiscalía (en los que el fiscal general se escudó para justificar la eliminación de sus comunicaciones) como "sugerencias" o "guías" cuyo cumplimiento reside en el propio afectado (en este caso el fiscal general). "Al final es el responsable quien, atendiendo a las circunstancias y ponderando los intereses en juego, puede tomar una decisión u otra". Sus mandatos no son, ha recalcado, "de imposición directa".

"Uso juicioso" de los datos

La responsabilidad recae "en el responsable de los datos", quien con un "uso juicioso" aplicará unas normas u otras. "Somos responsables de los datos que contienen" los dispositivos asignados, ha insistido antes de dejar claro que cada fiscal al cambiar de dispositivo "tiene la facultad de destruirlos" (los datos almacenados).

Además, Hidalgo ha hecho hincapié en que no apreció una "violación de seguridad" en la nota de la Fiscalía que divulgó las negociaciones entre la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad.

El testigo ha justificado la inacción de su departamento en que no tuvo conocimiento, por parte de la propia Fiscalía, de los hechos concretos y tampoco el novio de Isabel Díaz Ayuso se dirigió a él para quejarse de esa supuesta filtración". Por desconocer, tampoco se enteró -según ha afirmado a preguntas del abogado del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos- de la información de la cadena Ser, el 13 de marzo de 2024, del correo de la confesión de González Amador.

"No supone una violación de seguridad"

"Si se hubieran dirigido a mí, que no lo hicieron", ha afirmado respecto a la polémica de la nota, "me hubiera remitido al Reglamento General de Protección de Datos".

"¿Quién investiga si la brecha de seguridad se produce en la Fiscalía General del Estado?", le ha preguntado el letrado ante el empeño del testigo en refugiarse en la normativa aplicable. "Es que no hay investigación, señor". "Supervisar el cumplimiento de una brecha de seguridad requiere que el interesado se dirija a la Fiscalía, cosa que en este caso no se ha producido", ha defendido. "Para que se produzca una actividad inspectora, requiere que el afectado sea proactivo".

"Yo actuó de oficio en la supervisión general o cuando detecto que puede haber una vulnerabilidad", ha matizado a preguntas del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. "En mi opinión no supone una violación de seguridad", ha dicho en relación con la nota difundida por la Fiscalía el 14 de marzo.

Inspección no investigó la filtración

Por su parte, la fiscal jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, ha admitido ante el tribunal que juzga a Álvaro García Ortiz que no se llevó a cabo ninguna investigación por la filtración del correo en el que el novio de Ayuso admitía el fraude fiscal para llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía porque "no hubo tiempo de hacer nada" antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiese a trámite la querella del empresario contra el máximo representante del Ministerio Público.

"Nosotros fuimos la primera entidad que incoó un expediente en relación a estos hechos", ha recordado a preguntas del abogado de APIF, Juan Antonio Frago. La testigo ha explicado que el 15 de marzo del pasado año "recibimos una denuncia de Manos Limpias" (a la que se sumaría posteriormente otra del ICAM) sobre estos hechos y se abrió un expediente cuatro días después.

Pero según ha afirmado, "inmediatamente" se enteran de que Fiscalía ya ha abierto diligencias y de que el TSJ de Madrid ha admitido la querella de González Amador. "Dejamos en suspenso el expediente porque yo no puedo realizar ninguna investigación mientras está un proceso penal en curso", ha justificado su actuación.

"No hubo tiempo de hacer nada", se ha defendido en cuanto a la ausencia de cualquier diligencia de averiguación. "Cuando hubiéramos empezado a cursar el expediente ya se admitió a trámite la querella y nuestra competencia decayó", ha insistido.

Respecto a un hipotético cambio de móvil después de que se hiciera pública la investigación del Supremo al fiscal general, la jefa de la Inspección ha contado que lleva "más de 25 años con el mismo número", aunque tiene un segundo "que no está asociado a WhatsApp", por lo que cuando viaja al extranjero activa el móvil que le garantiza que dispone de datos. "Cuando hago esto, mis contactos reciben una notificación de que he cambiado de número, pero no he cambiado de número", ha argumentado.

Información "presumiblemente relevante"

En la resolución en la que el magistrado Ángel Hurtado propuso juzgar a García Ortiz, el instructor llamaba la atención sobre el hecho de que el fiscal general borró los mensajes de su móvil -el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió investigarlo penalmente por los hechos que finalmente le han llevado al banquillo-, y con ello "toda la información que contenían sus dispositivos", impidiendo así el acceso de los investigadores a una información "presumiblemente relevante".

A resultas de esta actuación -que el máximo representante del Ministerio Público enmarcó en un protocolo interno de seguridad para la protección de datos- quedó "frustrada una parte de la investigación", se resignó Hurtado, "que podría haberse acordado y ser útil, sobre el material que se pretendía asegurar para un eventual análisis".

García Ortiz expuso en su escrito de defensa que eliminó sus mensajes "como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura" y que procedió a borrar su cuenta personal de Gmail tras haber recibido mensajes "incómodos y en ocasiones hostiles" después de que un informe de la UCO incluyera sus datos personales, entre ellos la dirección de correo electrónico.

Hurtado intentó sin éxito recuperar esos mensajes, y para ello no dudó en cursar sendas peticiones de auxilio judicial internacional a Google y WhatsApp, que no obstante resultaron finalmente infructuosas y que la defensa de García Ortiz ha pedido al tribunal que anule por considerar que la medida vulneró sus derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal y familiar.