Dudas sobre la «validez» del informe de la amnistía: «Hay indicios de ilegalidad»

La ley de amnistía ya ha sido calificada por la Mesa del Congreso y pronto iniciará su recorrido parlamentario. Sin embargo, la oposición, liderada por el PP, trata de poner toda la resistencia posible y, sobre todo, arrojar luz sobre los procedimientos empleados ante cualquier atisbo de irregularidad. Los populares han pedido dos cosas: por un lado, saber quién es el autor del informe de la Secretaría General que ha avalado tramitar la amnistía; y, por otro lado, han reclamado un informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal para obtener su opinión jurídica sobre una ley que los populares consideran que es inconstitucional.

El informe de la Secretaría General es el documento de 21 páginas que elaboraron los servicios jurídicos del Congreso hace poco más de una semana para que la Mesa luego admitiera a trámite la ley de amnistía. La Secretaría General está encabezada por Fernando Galindo, letrado del Congreso que viene de ejercer como alto cargo del Gobierno del PSOE y Podemos, y se encarga de asesorar jurídicamente a la Mesa (órgano de gobierno del Congreso): su paso por Moncloa antes de recalar en la Cámara Baja ha desatado la polémica porque la oposición le acusa de falta de «imparcialidad» ya que entienden que sus decisiones van a estar influidas (de hecho, el PP presentó un escrito de recusación). La Secretaría General elaboró ese informe jurídico, pero hay muchas críticas por la falta de transparencia ya que oculta la identidad de sus autores.

En este sentido, el PP ha reclamado que se desvele quiénes fueron los autores ante la sospecha de que sea un documento elaborado al dictado del Gobierno. Sin embargo, se sigue desconociendo a los autores: en la reunión de la Mesa del Congreso de ayer, Galindo se limitó a asumir la «responsabilidad» del informe, aunque reconoció que está elaborado por más gente. Ante este escenario, algunas voces del Cuerpo de Letrados del Congreso aseguran que un informe sin la firma de sus autores es «nulo de pleno derecho». «Tiene indicios de ilegalidad», sostienen, citando la ley del procedimiento administrativo, que en el artículo 26 hace referencia a la obligación de incorporar las firmas electrónicas en todos los documentos públicos administrativos y el informe de la amnistía, «lo es».

También es cierto que, aunque el informe sea «nulo de pleno derecho» y haya dudas sobre su «validez», los posicionamientos de los servicios jurídicos del Congreso no son vinculantes: desde la presidencia del Congreso siempre se ha querido precisar que quien toma las decisiones es la Mesa y los letrados tan solo tienen un rol de asesor jurídico.

En todo caso, tenga el recorrido que tenga el informe, lo que cunde es la impresión de que el PSOE ha formado un grupo de asesores jurídicos afines en el Congreso para afrontar esta legislatura, que va a estar marcada por tramitaciones legislativas muy controvertidas, como en los últimos cuatro años (ley del sí es sí, reformas del Código Penal para suprimir la sedición...). De esta manera, el Gobierno y el bloque de la investidura evitan toparse con el rechazo de los servicios jurídicos de la Cámara Baja en iniciativas de dudosa constitucionalidad. En la anterior legislatura, los letrados fueron quienes recomendaron a la Mesa del Congreso que tumbara la ley de amnistía impulsada por ERC en 2021 y el órgano de gobierno de la Cámara Baja así lo hizo (con los votos de PSOE, PP y Vox).

Hay otras voces del Cuerpo de Letrados que restan algo de importancia al hecho de que el informe de la Secretaría General no esté firmado porque consideran que solo es imprescindible en «procedimientos administrativos» como, por ejemplo, los contratos. Si bien, también advierten de que «lo normal es que los informes se firmen». En este sentido, estas mismas voces consideran que hay otros elementos que pueden tener mayor relevancia de cara a construir un posible recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: por ejemplo, el uso de la vía de urgencia, que restringe el debate parlamentario, o la denegación de la petición de informes a otros órganos, como el CGPJ o el Consejo Fiscal, ya que en eso sí «hay jurisprudencia constitucional» sobre la «vulneración de los derechos» de los grupos parlamentarios de la oposición.

El PP también ha solicitado un informe al CGPJ y al Consejo Fiscal, pero la mayoría de la Mesa formada por PSOE y Sumar ha tumbado esa petición. No obstante, los populares podrán lograr la opinión jurídica de esos dos órganos a través del Senado, ya que ahí sí tienen mayoría absoluta y ya lo han pedido también. La intención del PP es crear una «opinión jurídica» solicitando el punto de vista sobre de la amnistía de muchos expertos juristas, con abogados o magistrados. Con todas esas voces y opiniones, los populares pretenden retratar la inconstitucionalidad de la amnistía, que también está siendo estudiada en Europa por la Comisión Europea.

La amnistía iniciará pronto su recorrido parlamentario: todo apunta que será en el Pleno del 12 de diciembre porque ya estará dirimido el recurso de reconsideración presentado por el PP, que se resolverá previsiblemente la próxima semana en la Junta de Portavoces. Además, se ha habilitado el mes de enero para continuar con los trabajos parlamentarios y así acelerar la aprobación de la medida de gracia porque el independentismo tiene prisa. Cabe tener en cuenta que la ley podrá estar en el Senado dos meses y los jueces tienen luego otros dos meses para aplicarla. En cambio, Carles Puigdemont, que aspira a estar listo para las elecciones europeas, necesita poder estar «amnistiado» para junio para ser candidato de Junts.