El Estado pide al TC inhabilitar a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament

JxSí y las CUP han llevado un texto para que la Cámara apruebe la «inviolabilidad» de Forcadell

Los representantes de la Mesa del Parlament de Juntos por el Sí –coalición compuesta por el PdeCAT (antigua Convergència) y ERC–, y Cataluña sí se Puede –coalición formada por Podemos, ICV-EUiA y Equo– podrían correr la misma suerte que la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell. Según «La Vanguardia», el Tribunal Constitucional (TC) notificará mañana a estos diputados que ha iniciado un incidente de ejecución contra ellos al acusarles de desobediencia a una de sus sentencias por permitir la votación de las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente y la resolución aprobada en el debate de Política General que incluye la celebración de un referéndum. De esta manera, los requeridos seguirán el mismo camino que Forcadell: tendrán –a partir de mañana– 20 días para presentar alegaciones ante el TC, y si estas son rechazadas se abriría la vía penal, aunque se trataría de una pieza aparte.

De ser así, llegaría justo el día en que se debatirá y aprobará una resolución para defender la «inviolabilidad» de Forcadell. La iniciativa parlamentaria fue impulsada por Juntos por el Sí y la CUP –que cuentan con mayoría parlamentaria para garantizar el plácet de la resolución– nueve días antes –el 7 de diciembre– de que la presidenta del Parlament acudiera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a su citación judicial. Precisamente, durante su declaración dirigió sólo una vez su palabra a la magistrada, Maria Eugènia Alegret, y a los fiscales José María Romero de Tejada y Francisco Banyeres: lo hizo para pedir su «inviolabilidad» como presidenta de la Cámara catalana. En esta propuesta de resolución, que surge como respuesta al proceso judicial contra Forcadell, las fuerzas independentistas señalan que la «imputación de responsabilidad penal» por permitir la votación de las conclusiones del proceso constituyente «vulnera de manera flagrante la inviolabilidad parlamentaria». De esta forma, las dos formaciones rupturistas apelan a la impunidad de todos sus diputados «por cualquier actuación parlamentaria». Es decir, eludir todas las responsabilidades jurídicas que se deriven de cualquier acción –voto u opiniones– que lleven a cabo en la Cámara legislativa.

La resolución, que contiene cuatro puntos, también defiende el papel de Forcadell durante la votación. Para los soberanistas, la jefa del Parlament no puede «coartar o impedir a los diputados la libre manifestación de sus opiniones o voto». Por otro lado, y en el uso habitual de la «democracia» para amparar los avances en el proceso independentista, interpretan esta causa judicial como «una criminalización de la actividad parlamentaria que supone un gran riesgo para la democracia».

Cataluña sí se Puede ha presentado enmiendas, y va más allá. Reclama que la «imputación penal» a la presidenta del Parlament sea considerada por la Cámara catalana como «una grave alteración de la vida parlamentaria.