La Fiscalía rechaza la libertad de siete detenidos por la agresión de Alsasua

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que persisten los motivos que esgrimió el pasado noviembre para solicitar el ingreso en prisión de siete de los nueve detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que persisten los motivos que esgrimió el pasado noviembre para solicitar el ingreso en prisión de siete de los nueve detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra).

El fiscal José Perals defendió ayer –en la vista convocada en la sede del citado tribunal para estudiar los recursos de apelación planteados por las defensas de los supuestos agresores– que se mantenga la prisión provisional de todos ellos tanto por la gravedad de los delitos como por el riesgo de que los investigados se den a la fuga si recuperan la libertad. En la decisión del representante del Ministerio Público también pesó, según fuentes jurídicas, la previsión de que el juicio se celebre en los primeros meses del próximo año. El primer paso hacia la apertura de juicio oral se dará hoy mismo, cuando a los siete jóvenes se les notificará su procesamiento por un delito de terrorismo en concurso con delitos de atentado, lesiones y provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos.

Perals se limitó a reproducir los argumentos esgrimidos hace un mes, que llevaron a la jueza Carmen Lamela a acordar la prisión provisional y sin fianza para siete de los ahora procesados.

En su auto de procesamiento, Lamela asegura que todos los investigados «conocían con anterioridad la condición de guardias civiles» del teniente y el sargento agredidos, «siendo ésta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados». Lamela enmarca los hechos en la campaña de «hostigamiento» «Alde hemendik!» (fuera de aquí) impulsada desde finales de los años 90 por Gestoras Pro Amnistía, posteriormente ilegalizada, para lograr la expulsión de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y Navarra.

Los detenidos ahora en prisión están vinculados al movimiento Ospa Mugimendua, impulsor de esa campaña en Alsasua, cuyo objetivo, según la jueza Lamela, es influir «de manera negativa» en la calidad de vida de los agentes y sus familias para intentar aislarles socialmente creando «un clima de miedo» entre los ciudadanos que se relacionan con ellos.

La Guardia Civil evitó que ETA destruyera pruebas de atentados, según los expertos

La reciente operación de la Guardia Civil y de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa ha evitado que ETA destruyera pruebas esenciales para el esclarecimiento de atentados aún sin juzgar. Se trata de la «operación Seminario», en la que los agentes arrestaron a cinco personas que iban a proceder a la destrucción de un primer «stock» de armas de ETA. Todos fueron puestos ayer a disposición judicial en París.