El Gobierno no convence a IU y UPyD, que enmendarán la Ley de Transparencia

Los planteamientos del Gobierno no han logrado convencer a los grupos de IU y UPyD, que tras la reunión celebrada esta mañana con el Ejecutivo han anunciado que presentarán enmienda a la totalidad a la Ley de Transparencia, ya que consideran que no ha respondido a las exigencias de la sociedad.

Los planteamientos del Gobierno no han logrado convencer a los grupos de IU y UPyD, que tras la reunión celebrada esta mañana con el Ejecutivo han anunciado que presentarán enmienda a la totalidad a la Ley de Transparencia, ya que consideran que no ha respondido a las exigencias de la sociedad.

"El Gobierno ha venido prácticamente con las manos vacías", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso el diputado de IU Josep Nuet, quien ha calificado de "decepcionante"la reunión con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Tanto IU como UPyD consideran que dada la importancia de la materia que aborda, el proyecto debería haberse tramitado como ley orgánica, por lo que presentarán una enmienda a la totalidad al texto del Ejecutivo, una posibilidad que también baraja el PNV.

Nuet cree que la ley va a "desilusionar"a los sectores de la sociedad que esperaban una voluntad cambiar las cosas para lograr "más transparencia"y "menos corrupción"y lamenta que en los temas "polémicos", como la Casa Real, las propuestas de la oposición haya recibido o la negativa del Gobierno o una falta de concreción.

Según ha explicado, el Ejecutivo considera que la Casa Real, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales deben estar en la ley, pero no concreta cómo van a aparecer ni fija el porcentaje de inversiones públicas que podría decidir a qué entidades se aplica.

Lo único que ha concretado es que la Casa Real tendrá un tratamiento similar a instituciones como el Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, lo que en opinión de IU es "un paso adelante", pero ni mucho menos la plena transparencia que piden los ciudadanos.

Ante esa respuesta del Ejecutivo, Nuet sospecha que lo que hay es un compromiso del Gobierno con la Casa Real, "un acuerdo secreto", que fija los términos y los límites de la aplicación de la ley, pero que no conocen las fuerzas parlamentarias.

"El Gobierno no ha estado a la altura de ese debate ciudadano", ha criticado Nuet, que considera lo que ha traído es una "ley propagandística"que no responde a las exigencias de transparencia y que de aquí al martes es poco probable que se solucionen las diferencias con el Ejecutivo.

El próximo día 30 será cuando se debatan en el pleno las enmiendas a la totalidad de los grupos y ese día, el diputado de IU ha avanzado que organizaciones sociales y de la sociedad civil van a convocar un seguimiento masivo del debate en las redes sociales y no descarta que incluso "con presencia física"en los alrededores de la Cámara.

También ha criticado por insuficiente la respuesta del Ejecutivo a las peticiones de la oposición para que el organismo que controlará el cumplimiento de la transparencia sea "independiente", ya que -ha asegurado- que el Gobierno sólo está dispuesto a dialogar sobre el mandato del responsable de esa oficina o agencia.

UPyD, que no ha asistido a la reunión de hoy en el Congreso por problemas de agenda, también ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad.

En días previos, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán se reunió con el secretario de Estado, a quien trasladó su deseo de que la ley pueda contar con un debate en profundidad, tanto en el Congreso como en el Senado y de que el acceso a la información pública sea un "derecho básico".

Para el partido que lidera Rosa Díez, mejorar la transparencia de la gestión pública es más efectivo en épocas de crisis porque induce a "un funcionamiento más eficaz de las instituciones políticas y de las administraciones públicas"y redunda en la contención del déficit público.

Por su parte, el BNG ha reclamado que la ley afecte también a las empresas concesionarias de servicios públicos cuya financiación o capital proceda mayoritariamente de fondos públicos, entre ellas las entidades financieras rescatadas.