El Gobierno prepara otra reforma penal para endurecer el castigo a los corruptos

El Gobierno está «peinando» toda la legislación vigente para dotar de contenido al Pacto Anticorrupción que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ofreció a los demás grupos parlamentarios el pasado 21 de enero, después de que anunciara ante su Comité Ejecutivo la realización de una auditoría interna y externa de la contabilidad del PP para disipar las dudas generadas por las informaciones que apuntaban a un supuesto pago de sobresueldos dentro de Génova. La intención inicial de Rajoy era dar forma a este acuerdo en el Debate del Estado de la Nación, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de febrero. Pero la presión por las nuevas informaciones sobre los supuestos «papeles» del ex tesorero Luis Bárcenas ha llevado al Gobierno a reconsiderar sus plazos y también el alcance de este pacto. «Ha decidido que tiene que ser sonoro, contundente y más que ejemplar porque es consciente de la presión de la ciudadanía y también de la demanda interna del partido», señalan fuentes próximas al presidente.

Si todo avanza según lo previsto en Moncloa, habrá un adelanto del contenido de esta oferta de gran pacto de Estado antes del Debate del Estado de la Nación, aunque luego el presidente del Gobierno vuelva a insistir en él y entre en el detalle del informe que ha encargado al Centro de Estudios Políticos, que dirige Benigno Pendás. Según confirmaron fuentes solventes, en la propuesta se incluirá una nueva reforma del Código Penal para endurecer el cerco a los corruptos. En esta Legislatura el Gobierno ya ha planteado una reforma del Código Penal con la justificación de incluir un nuevo tipo que sancione las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. Ahora quiere poner en marcha nuevas medidas «con consenso, pero si no es posible, se actuará en todo caso», precisan las fuentes consultadas.

La reforma penal ya desarrollada está ligada a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y también a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se tramita en la actualidad en el Congreso de los Diputados. Según el Ejecutivo, es un proyecto que «marca un antes y un después en el ámbito de la gestión pública». Porque obliga a las Administraciones a hacer pública la información más relevante para los ciudadanos, incluyendo la que se refiere a contratos, convenios o subvenciones. Y porque exige a los gestores públicos el cumplimiento de una serie de principios de buen Gobierno que, por primera vez, tienen rango legal y que, de no ser atendidos, conllevan infracciones y sanciones que pueden llegar a la inhabilitación.

Rajoy recordará en el Debate del Estado de la Nación que en su mandato ya se han establecido nuevas obligaciones de transparencia porque los partidos tienen la obligación de publicar sus cuentas tras su fiscalización por el Tribunal de Cuentas. Que se ha incrementado el control sobre las donaciones y habrán de notificarse las de más de 50.000 euros. Y que se ha incrementado el control sobre las deudas de los partidos para que las entidades financieras no puedan condonar deudas de más de 100.000 euros al año, incluidos los intereses. Además, se ha establecido la obligación de que se notifiquen al Tribunal de Cuentas y al Banco de España los acuerdos sobre las deudas de las formaciones políticas.

Y en los «papeles» con los que ya trabajan en Moncloa ante el Debate del Estado de la Nación también se destaca en negrita que los partidos políticos «vuelven a estar sometidos a la responsabilidad penal» y que se ha eliminado «la exclusión que había establecido el anterior Gobierno en el año 2010».

Moncloa y el Ministerio de Justicia sostienen que todavía es posible ir más allá y que la intención es no quedarse en una oferta retórica de pacto «que no vaya más allá del ruido político». Rajoy quiere presentar algo «sonoro y contundente» que apague el ruido de las sospechas sobre la contabilidad de su partido y que aminore el coste de imagen ante la opinión pública del «caso Bárcenas». Quiere, explican fuentes próximas al presidente, algo realmente «ejemplar» a todos los niveles, el de los partidos políticos y el de los cargos públicos individuales, que sirva para dejar en evidencia a los demás grupos si lo rechazan. En 2009, cuando la tormenta política por el «caso Gürtel» llegó a su máximo nivel, Rajoy también ofreció al PSOE, entonces en el Gobierno, un pacto anticorrupción. Aquello no se concretó en nada.