El Supremo deja en manos de Interior y la Junta Electoral el debate de Jordi Sánchez en prisión

El tribunal del juicio del "procés"se lava las manos sobre la autorización del debate que pretende celebrar en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez, cabeza de lista de JuntsxCat por Barcelona.

El tribunal del juicio del "procés"se lava las manos sobre la autorización del debate que pretende celebrar en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez, cabeza de lista de JuntsxCat por Barcelona en las elecciones del 28-A, y deja la decisión sobre una posible autorización en manos de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, y de la Junta Electoral Central, que precisamente eludió ser competente y remitió la solicitud al Supremo hace unos días.

En una providencia dictada hoy, la Sala recuerda por unanimidad a la Junta Electoral que "no compete al órgano jurisdiccional velar por los principios que determinan la regulación de la actividad electoral"ni tampoco "la fijación de un determinado régimen penitenciario.

El tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, hace hincapié en que ese acto electoral "ni supone una excarcelación del centro penitenciario"-sobre la que sí debería pronunciarse el Supremo- ni afecta "a una posible incomunicación judicial que no se ha acordado por esta Sala". Todo ello, matiza, "sin perjuicio de la competencia atribuida a la Administración Electoral para velar por la vigencia de los principios que rigen el desarrollo del proceso electoral".

Los magistrados ordenan comunicar su resolución a la Junta Electoral Central, que hace unos días le remitió la solicitud de autorización de Sánchez -que se encuentra en prisión provisional desde octubre de 2017 por su papel en el "procés"y para quien la Fiscalía pide una condena de 17 años de prisión por un delito de rebelión- de celebrar un debate electoral en el centro penitenciario.

Y es que la Junta Electoral Central eludió el pasado día 4 pronunciarse al respecto al considerar que tenía que ser la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que dirimiera la cuestión.