El TC anulará los acuerdos por ignorar sus mandatos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá hoy para abordar el último desafío soberanista: la tramitación del Parlament de la ley de referéndum (aprobada finalmente a última hora de la noche) para poner en marcha la desconexión con el resto de España. Los magistrados tendrán ya sobre la mesa el incidente de ejecución de sentencia planteado ayer por la tarde por la Abogacía del Estado –en representación del Gobierno–, en el que reclama al Alto Tribunal que anule todos los pasos dados por la Cámara autonómica y se pongan los hechos en conocimiento de la Fiscalía para exigir posibles responsabilidades penales a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de los miembros de la Cámara que votaron a favor de la admisión a trámite de la iniciativa. Previsiblemente, los doce magistrados anularán hoy mismo (tras rechazar de plano la recusación genérica planteada contra todos ellos por Forcadell por una supuesta falta de imparcialidad) los acuerdos adoptados por incumplir los reiterados requerimientos (hasta cinco desde la consulta ilegal del 9-N) efectuados por el TC a la Mesa del Parlament instándole a cumplir las resoluciones del tribunal. De esta forma, el Constitucional atenderá la petición del Ejecutivo de resolver su petición «lo antes posible» con la «mayor claridad y contundencia posible».

Para desbaratar jurídicamente la posterior aprobación de la ley del referéndum de desconexión, el Gobierno acelerará su respuesta y, con el preceptivo informe del Consejo de Estado, interpondrá en las próximas horas un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, que acarreará la suspensión de la norma sin esperar a que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la iniciativa del Parlament.

En el incidente de ejecución de sentencia planteado por el Gobierno, la Abogacía del Estado no insta al TC, por ahora, a adoptar medidas más gravosas contra los miembros de la Mesa del Parlament, como la suspensión de funciones o la ejecución sustitutoria para garantizar el cumplimiento de los mandatos del Constitucional. Unas medidas sobre cuya adopción algunos magistrados se muestran reacios, al entender que debe ser la jurisdicción penal la que actúe ante la existencia de indicios de una posible actuación delictiva.

El escrito remitido al TC por los Servicios Jurídicos del Estado hace hincapié en que, con este nuevo paso al frente, el proceso secesionista ha escenificado «un burdo y grotesco ataque» tanto a la Carta Magna como a la autoridad del propio tribunal, desoyendo hasta cinco resoluciones del TC, en especial la sentencia de 2 de diciembre de 2015 –que anuló la resolución del Parlament sobre el inicio del proceso político en Cataluña– y el más reciente auto del pasado 14 de febrero, que desbarató la constitución de la comisión de estudio del proceso constituyente que avaló la convocatoria del referéndum ilegal.

Los actos de la Mesa de la Cámara catalana –defiende la Abogacía del Estado– «no sólo incumplen de forma grosera los requerimientos previos del Tribunal Constitucional de abstenerse de llevar a cabo actos en contra de aquellos, sino que entran en contradicción también con los reiterados pronunciamientos del tribunal sobre la inconstitucionalidad de cualquier iniciativa legislativa que suponga un referéndum de autodeterminación de Cataluña». El abogado del Estado hace hincapié en que los acuerdos impugnados son de la «máxima gravedad» en tanto en cuanto alientan la ruptura con la Constitución «mediante la aprobación del instrumento normativo que sirva de cobertura a la convocatoria de un referendo sobre la independencia de Cataluña». Se trata, en definitiva, de un «eslabón imprescindible para la aprobación de una ley claramente inconstitucional», la Ley del Referéndum de Autodeterminación. «Lo que se ha acordado es, por lo tanto, los primeros actos que permiten la ejecución por el Parlamento de Cataluña del verdadero plan para intentar la secesión del resto de España». Y por si fuera poco, añade, las últimas iniciativas se ponen en marcha «con absoluta burla del marco constitucional vigente».

Frente a ese «frontal desacato» al reiterado mandato del Constitucional, «claro, directo y tajante», la Abogacía del Estado reclama al TC una respuesta que no se limite «a una mera declaración de nulidad» de los actos impugnados.