El «tercer grado» belga irrita a la Audiencia

Las 24 preguntas remitidas por la Fiscalía de Bruselas a Lamela para cerciorarse de que en la investigación al ex Govern se respetan los derechos humanos causan perplejidad en el tribunal español.

La Fiscalía belga ha remitido un insólito escrito a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para que le informe –en el marco de la euroorden cursada por la magistrada para lograr la entrega de Carles Puigdemont y cuatro antiguos integrantes de su Govern refugiados en Bruselas– de si, en caso de acceder a su petición, al ex president y a los ex consellers se les aplicará «una legislación excepcional» y si serán «inmediatamente encerrados».

En una decisión que ha causado malestar y perplejidad en la Audiencia Nacional, la Fiscalía belga deja claro que por la condición de ex miembros del Govern de los reclamados y por «el contexto de los hechos por los cuales se solicita su extradición» otorgará una «importancia particular» a esclarecer si esa entrega puede suponer «una infracción de los derechos fundamentales de los implicados». Y aunque el preámbulo de la decisión marco del Consejo europeo que regula la orden europea de detención y entrega (OEDE) establece que la euroorden «es la primera concreción en el ámbito del Derecho Penal del principio del reconocimiento mutuo» –que el propio Consejo califica de «piedra angular» de la cooperación judicial–, el Ministerio Público belga precisa que esa confianza mutua «no será suficiente en este procedimiento». De ahí su empeño, asegura, en constatar «el respeto total de los derechos fundamentales» por parte de la Justicia española en esta investigación.

El fiscal belga Jean-Marc Meilleur, firmante del escrito, justifica este paso por el deseo de la Fiscalía de su país de «estar bien preparada» para informar a la autoridad judicial belga «con vistas a una aplicación correcta de la legislación europea y de nuestra legislación nacional».

La acusación pública insta a Lamela a responder «en un plazo corto» a esa especie de «tercer grado» de 26 preguntas que formula en su escrito del pasado día 10. De hecho, Lamela ya ha respondido a ese cuestionario, en el que se inquiere a la magistrada en relación, por ejemplo, a la cárcel en la que ingresarían Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni Comin y Lluís Puig, interesándose por «las dimensiones de la celda» y el «espacio vital individual», el acceso a «equipamientos sanitarios y duchas», la comida («¿es suficiente y de buena calidad?») e incluso por la posibilidad de que «queden encerrados en una celda de aislamiento».

«Es absolutamente insólito –asegura a LA RAZÓN un magistrado de la Audiencia Nacional acostumbrado a tramitar euroórdenes–. En una OEDE no he visto nunca hacer este tipo de consideraciones. Jamás me han hecho un requerimiento así». «Supongo que estará reproduciendo las denuncias que le han hecho los abogados de los reclamados», añade antes de recordar que algo así no se vio «ni siquiera en el proceso de extradición de De Juana Chaos» (el etarra refugiado en Venezuela que fue reclamado por España a Reino Unido durante años).

En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pese a la sorpresa que ha causado la petición de sus colegas belgas, no quieren echar leña al fuego, conscientes de que el procedimiento para la entrega de Puigdemont –en el que España se juega mucho por su repercusión internacional– no ha hecho más que empezar. Fuentes fiscales achacan el espinoso cuestionario al deseo de la Fiscalía belga de «estar preparada ante las previsibles denuncias de las defensas» de los políticos reclamados. En el Ministerio Público admiten estar «perplejos», aunque no están dispuestos «a hacer sangre» porque entienden que quieran «cubrirse las espaldas y hacer «de abogados del diablo» ante las quejas de los abogados sobre la supuesta quiebra de derechos fundamentales. De hecho, la Fiscalía belga informó a su homónima española hace unos días de la remisión de este cuestionario a la Audiencia Nacional. «Se están adelantando a lo que puedan pedir las defensas», repiten al tiempo que alaban la «correcta y profesional» actuación de los fiscales belgas «por el momento». «Quieren estar preparados para la vista de mañana (por hoy)», en la que Puigdemont y los ex consejeros declararán ante la autoridad judicial belga que decidirá sobre la euroorden.

«una humillación»

Eso sí, esas mismas fuentes recuerdan que una OEDE «se basa en la confianza mutua, en la reciprocidad y en que los sistemas judiciales de los países miembros de la Unión Europea son homogéneos» por lo que este tipo de requerimientos «no son habituales».

Al margen de las cuestiones meramente penitenciarias, lo que más ha molestado en el tribunal español es que se pregunte si las circunstancias de las detenciones son conformes con la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y si «una instancia judicial independiente» controlará «la duración y necesidad» de la prisión provisional. Asimismo, las fuentes consultadas consideran fuera de lugar que Bélgica pregunte si el tribunal que conocerá del proceso, en este caso la Audiencia Nacional, «es un tribunal normal o se trata de un tribunal excepcional».

Resoluciones del TC

Los fiscales belgas también piden «una relación cronológica» de las normas aprobadas por el Govern y el Parlament «en el proceso de independencia» y las correspondientes resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) suspendiéndolas o anulándolas.

«Jamás he visto una situación similar en la tramitación de una euroorden, en la que nunca se parte de que en el país que libra la OEDE», afirma otro magistrado de la Audiencia Nacional consultado por este periódico. «Como mucho, te pueden solicitar información complementaria para resolver dudas sobre la doble incriminación», dice. «Me figuro que estará molesta», asegura sobre su compañera Lamela, «aunque no he hablado con ella».

Otro de los magistrados del citado tribunal con los que se ha puesto en contacto LA RAZÓN se muestra mucho más rotundo. «Nunca he visto algo así –afirma sorprendido–. La OEDE no permite esto. Es un insulto y una quiebra del principio de confianza entre países de la Unión Europea».

«Todas esas cuestiones sobre las que pregunta la Fiscalía belga obviamente se cumplen en España, pero que haya que aclararlo es una humillación para el conjunto de la sociedad española», se queja el magistrado.