Cuando las unidades de élite del Instituto Armado –como el Grupo de Acción Rápida (GAR) o la Unidad Especial de Intervención (UEI)– se enfrentan a sus entrenamientos intensivos, lo hacen bajo un nivel de exigencia máxima. Uno de los ejercicios tácticos más comunes es la llamada ruptura de contacto, una maniobra diseñada para reaccionar ante un atentado o emboscada. Consiste en abrir fuego con gran intensidad para generar superioridad y permitir la retirada o el avance del grupo. En un solo día, esta práctica puede repetirse hasta en diez ocasiones, y cada agente puede llegar a disparar entre 1.800 y 3.000 proyectiles, portando hasta seis cargadores de 30 cartuchos por ejercicio. A esto se suma el uso de armamento pesado como el calibre 12,70 mm, con cargadores de hasta 500 proyectiles, utilizados para neutralizar amenazas a larga distancia o perforar estructuras resistentes. Este ritmo de entrenamiento refleja el nivel de preparación que se exige a las unidades de élite de la Guardia Civil, que no pueden permitirse fallos ni en la instrucción ni en el material.

Una intensidad similar se vive en las Fuerzas Armadas, donde unidades de operaciones especiales manejan cifras comparables. Aunque varía según la planificación y el tipo de maniobra, un solo guerrillero puede llegar a disparar más de 2.000 proyectiles al día en entrenamientos de alta exigencia, pero todo depende del tipo de ejercicio. La clave no reside únicamente en la cantidad. En las prácticas de tiradores de alta precisión, por ejemplo, el arma puede estar perfectamente estabilizada sobre un trípode y equipada con una mira telescópica, pero eso no garantiza que el proyectil impacte en el objetivo. Más allá de factores como el viento, influyen elementos técnicos como la composición del proyectil, el desgaste del cañón o la homogeneidad en la carga de pólvora. Una leve irregularidad en la munición puede desviar el disparo incluso cuando la ejecución es impecable.

En este contexto, la controversia surgida por la adquisición de munición ha generado inquietud dentro del Instituto Armado. El contrato adjudicado a la empresa israelí Elbit Systems, destinado al suministro de cartuchos de 9 mm para las Fuerzas de Seguridad del Estado, fue objeto de críticas desde el inicio. Como adelantó LA RAZÓN, los primeros lotes suministrados presentaron problemas técnicos, especialmente con la pistola Ramón, usada por unidades especializadas como la USECIC. Los fallos afectaban al funcionamiento durante ejercicios de tiro, lo que obligó a solicitar una modificación específica de los cartuchos para mejorar su sensibilidad y fiabilidad sin comprometer la operatividad del arma. Sin embargo, las dudas técnicas pronto se vieron amplificadas por el contexto político.

La ofensiva israelí en Gaza colocó bajo escrutinio los vínculos con empresas armamentísticas de ese país. El Gobierno español decidió finalmente anular el contrato con Elbit Systems, aunque sin detallar públicamente todos los motivos. La decisión reabrió el debate sobre los criterios de adjudicación en materia de seguridad y defensa, la dependencia de fabricantes internacionales y la necesidad de garantizar estándares técnicos, éticos y políticos en las compras estratégicas del Estado.

A pesar de todo, fuentes del Instituto Armado aseguran que las unidades de élite como el GAR y la UEI no se verán afectadas por esta anulación, ya que cuentan con reservas estratégicas y planificación previa para garantizar la continuidad de sus entrenamientos, al menos de momento, si no se actúa con diligencia. En el caso del GAR, sus sesiones de tiro con fuego real se desarrollan con regularidad y responden a un modelo de instrucción constante.

En cambio, los agentes de seguridad ciudadana podrían ser los primeros perjudicados, ya que su acceso a las prácticas de tiro suele ser más limitado –actualmente realizan dos sesiones anuales–. Este desequilibrio no es nuevo, pero la anulación del contrato ha vuelto a visibilizarlo. Aunque muchos policías y guardias ya retirados de unidades de seguridad ciudadana reconocen no haber tenido que hacer uso del arma durante sus años de servicio, coinciden en que la instrucción es «imprescindible». Más aún en un contexto como el actual, marcado por un nivel de alerta antiterrorista 4 y con un principio de autoridad que se ha visto cada vez más erosionado.