ERC exige cobrarse otros 150 millones para los Mossos

La «pasta» es lo que mueve la negociación de ERC con Moncloa para sacar adelante la investidura de Salvador Illa. Pero, con toda la atención puesta en el nuevo modelo de financiación para Cataluña, por detrás se están moviendo otras importantes concesiones que afectan al equilibrio del reparto de los recursos y al principio de igualdad. Según confirman fuentes de la negociación a este periódico, encima de la mesa está la exigencia de 150 millones de euros para los Mossos. ERC asegura que el ministro del Interior, Fernando Grandez-Marlaska, dio su OK hace ya meses, y que lo único que falta es que el Gobierno «suelte la plata». La justificación para esta inyección de dinero es la necesidad de ampliar la plantilla de un cuerpo autonómico que ya parte con ventaja en sus condiciones laborales y de efectivos, según denuncian los sindicatos policiales.

El Gobierno y la Generalitat ya acordaron en diciembre financiar con 1.600 millones de euros un despliegue de los Mossos d’Esquadra hasta 2030, un anuncio que llegó un día antes de una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Este retraso en el cumplimiento de lo ya pactado es uno de los argumentos que esgrime Junts en su estrategia de sacar cada vez más los dientes al PSOE en Madrid para interferir en la negociación catalana y, de salir esta adelante, interferir también en la marcha de la Legislatura de España.

La acción de Junts tiene dos ejes: tumbar las iniciativas del PSOE en el Congreso y dar pábulo a las especulaciones sobre el retorno inmediato del ex presidente catalán. Junts está estos días insistiendo en recordar las bajas cifras de ejecución presupuestaria del Estado con respecto a los compromisos adquiridos con ERC para dejar en mala posición a los republicanos, pero también para advertir sobre los riesgos de que la Generalitat la controle el mismo partido que «incumple con Cataluña y engorda a la Comunidad de Madrid».

Pero, en paralelo, los portavoces socialistas y de ERC están dando aire a la idea de que el acuerdo está encauzado, aunque ERC también se ocupe de rebajar el optimismo para mantener la presión y seguir aspirando a ponerle un precio más alto a su apoyo –a pesar de que los resultados electorales dejaron al partido en una situación de debilidad extrema.

En las «carpetas» de las que hablan los independentistas falta por concretar los plazos de liquidación de la deuda (15.000 millones de euros con el Fondo de Liquidez Autonómica), pero también están trabajando en el catalán y en el nuevo «paso» hacia la consulta.

La posición oficial del Gobierno se ha sostenido desde las elecciones catalanas en defender con firmeza el lema de que, si hace falta, irían a nuevas elecciones, con el convencimiento de que estos comicios favorecerían a Illa. Sin embargo, los hechos lo que prueban es que la instrucción de Moncloa a los ministerios afectados es que todos tienen que volcarse en la operación y que la opción de una repetición electoral se quiere evitar a toda costa.

Ya han desencallado el traspaso de Rodalies, con la primera línea que pasaría a estar gestionada por la Generalitat, a costa de 1.057 millones de euros. Este acuerdo confronta con el problema que tiene el Ministerio de Transporte con los retrasos e incidentes en las cercanías de Madrid, por ejemplo, y da aire a las acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre «el trato de favor a Cataluña, por interés personal y de partido» de Pedro Sánchez.

A esta cifra hay que sumarle el pacto para la transferencia anual de 150 millones anuales durante tres años a la Generalitat para un fondo de investigación. También se ha fijado el traspaso anual de dos millones para la gestión de las becas universitarias y el Gobierno se ha comprometido a pagar los atrasos de los últimos tres cursos académicos (ocho millones en global). En total, las transferencias pactadas en materia de transporte ferroviario, investigación y becas suponen más de 1.500 millones de euros hasta 2026. A esto hay que añadir el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo vital a la Generalitat.

En cuanto a los dos asuntos mollares, la financiación singular y la condonación de la deuda, el Gobierno está intentando ligarlos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Sólo que ahí ERC juega con desventaja, porque unir una cosa a la otra no les garantiza cobrarse el pacto firmado con Sánchez para facilitar la investidura de Illa. No habrá PGE si Puigdemont no quiere, por lo que el voto a favor de ERC a unas nuevas cuentas tiene una relevancia menor en estas circunstancias.

La pasada semana el camino hacia los PGE sufrió un importante golpe con la decisión de Junts de tumbar la senda de déficit y el techo de gasto, las bases imprescindibles para que pueda iniciarse la definición del proyecto presupuestario. A pesar de que Puigdemont tiene hoy en su mano el jaque mate a la legislatura, en ERC y en el PSC insisten en restarle relevancia. Incluso dicen que camina «hacia la marginalidad». «Parece que pincha en su intento de montar un acto de afirmación en el norte de Cataluña».