La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, se han personado ante la Audiencia Nacional para declarar sobre su presunta implicación en el amaño de adjudicaciones para beneficiar a empresas ordenadas por Koldo García y Santos Cerdán.

En este sentido, ha sido la primera vez que Pardo de Vera ha declarado como investigada en el seno de la trama, y se ha centrado en negar cualquier indicio de irregularidad en la consecución de las obras públicas que investiga la Guardia Civil y que fueron registradas en el Informe de la UCO, así como a la firma del contrato de trabajo de la "sobrina de Ábalos" Jesica Rodríguez.

De la misma manera, la expresidenta de Adif ha valorado que no tenía constancia de la contratación de Jesica, tras su salida de Ineco, en Tragsatec, ya que desconocía la existencia del contrato de Rodríguez con la firma tutelada por el Ministerio de Agricultura.

Las medidas decretadas por la Audiencia Nacional contra Pardo de Vera

Tras escuchar sus aclaraciones sobre la relación con Santos Cerdán y con José Luis Ábalos, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha terminado con la vista. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado imputa a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sin embargo, ha reducido la lista inicial. La prevaricación y la malversación han sido condonados.

No solo, se han retirado delitos a Pardo de Vera y a Javier Herrero. El juez ha otorgado la libertad condicional para ambos, pero ha decretado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para las dos personas implicadas en la 'trama Koldo'.

La situación judicial de Santos Cerdán en el caso Koldo

Por otro lado, otra de las patas de la investigación se encuentra inmersa en la figura del el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El ex representante socialista, ahora en prisión, solicitó su salida de manera preventiva ya que piensa que no existen pruebas contra su persona, después de negar cualquier relación en las adjudicaciones irregulares durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso, argumentando que existe riesgo de destrucción de pruebas y un riesgo de fuga fuera de España. El juez Pablo Llarena, junto con Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, será el encargado de resolver el recurso este próximo martes 22 de julio.