El PSOE sigue arrastrando los pies en lo que respecta a la exigencia de responsabilidades a Leire Díez. Está previsto que esta semana comparezca en Ferraz ante la Comisión de Ética y Garantías del partido tras notificársele oficialmente la apertura de un expediente informativo contra ella como militante, tras las informaciones que prueban que participó en reuniones con empresarios para conseguir información comprometedora contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En estos encuentros llegó a ofrecer acuerdos con la Abogacía del Estado a cambio de esos datos sensibles, haciendo gala de una influencia que no ha llegado a concretarse hasta ahora.

En Ferraz adoptaron de inicio una actitud tibia y ciertamente pasiva. La falta de reflejos y de una respuesta contundente, contrastó con la que se produjo contra José Luis Ábalos, todo un ex secretario de Organización del partido, a quien se le abrió de inmediato la vía a la expulsión, una vía que sigue aún hoy inconclusa. La actuación respecto a Díez no ha pasado desapercibida y ha generado un profundo malestar interno. Existe un clamor en el seno de la formación que demanda que se actúe cuanto antes contra ella para demostrar que no existe vinculación alguna con la dirección, dando verosimilitud al argumento de que Díez actuaba por su cuenta, sin ningún encargo ni rendición de cuentas ante las altas instancias socialistas.

La resolución del caso es de manual. De hecho, con los Estatutos del PSOE en la mano, se prevé en su artículo 86, el que recoge las "faltas muy graves", que incurrirá en tal infracción el militante que "menoscabe la imagen de los/as cargos públicos o de las instituciones socialistas" (86.f.). También quien "desempeñe cargos públicos o asimilados sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido" (86.e.), como aseguran tanto la propia Díez como desde el partido que sucedió, o quien presente una "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del Partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE".

Las fuentes socialistas consultadas apuntan a estas dos vertientes, la de actuar sin autorización expresa de la dirección y la del "daño reputacional" al partido como justificación para incoar el expediente disciplinario que dé paso a la expulsión. En el PSOE hay quienes consideran que esta salida es inevitable y cuestionan que no se haya actuado antes. Incluso públicamente, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, ya apuntó ese horizonte la semana pasada y señaló que "se ha abierto expediente informativo a esta persona para averiguar exactamente si habló en nombre de alguien o no". Y añadió que, en el caso de que así se constate, preparan las sanciones más severas. "Hemos abierto ese expediente y, por supuesto, que si de ahí se desprende alguna conducta reprochable o irregular se llevará hasta sus últimos términos", manifestó.