Congreso de los Diputados

El expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos: la amnistía es "un desafío al orden constitucional"

Frente a la medida de gracia, dice que no quiere caer en un "silencio cómplice" y considera supone una invasión de las competencias del Poder Judicial por parte del Legislativo

Francisco Pérez de los Cobos, en una imagen de archivo
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Los acuerdos políticos para la aprobación de la futura ley de amnistía son "un desafío al orden constitucional y esta situación no consiente el silencio porque sería un silencio cómplice". Así lo ha expresado el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Pérez de los Cobos. Según la redacción, "a día de hoy pueden estar realizándose delitos o, por ejemplo, conductas contables ilícitas que se beneficiarían de la amnistía", señala.

Los acuerdos de investidura entre PSOE y Junts son una "enmienda al orden constitucional" en el que la amnistía constituye "una pieza relevante", ha dicho. Y ha calificado de "obscena" la asunción del "relato separatista" por parte del partido de Gobierno.

"El relato se da de bruces con la realidad, que no fue esa, sino la de un intento de golpe de estado frustrado por la actuación de los poderes del Estado". Entre estos, citó al Tribunal Constitucional, la actuación de los jueces y tribunales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Rey.

Aunque reconoce que ha intentando mantener un perfil bajo desde su salida de la corte de garantías y por respeto a la institución, pero ha estimado que tiene que cumplir con su deber como ciudadano de pronunciarse ante una situación que considera "enormemente preocupante".

También se pronunció sobre el uso del término "lawfare" en el pacto entre PSOE y los partidos independentistas para investir a Pedro Sánchez, un término que alude a la instrumentalización de los tribunales con fines políticos. Pérez de los Cobos ha señalado que tiene efectos deslegitimadores de la democracia. "Es pura y simplemente la aceptación de que las actividades jurisdiccionales desarrolladas contra los independentistas que cometieron delitos, que cometieron infracciones administrativas, que cometieron infracciones contables, han constituidos procesos políticos"

Para él, la llamada "judicialización del conflicto catalán" no ha sido una "anomalía", sino una "manifestación de que nuestro Estado de derecho ha funcionado y, por ahora, todavía funciona" porque quien se salta la ley, responde por ello.

Así se ha pronunciado en la mesa "Constitución y Amnistía" que se ha desarrollado en el marco de las jornadas parlamentarias "Frente la amnistía: igualdad, libertad y dignidad", organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, en las que también han participado los magistrados eméritos del TC Jorge Rodríguez Zapata y Andrés Ollero.

La amnistía no es viable constitucionalmente

Aunque Pérez de los Cobos ha reconocido que es laboralista, ha revisado la doctrina constitucionalista, y concluye que la amnistía no es constitucional. "Contrariamente a lo que sostiene la falaz exposición de motivos de la proposición de ley, la Constitución no concede a las Cortes Generales un poder omnímodo", señaló el expresidente del TC.

En su intervención, señaló que, a diferencia de los ciudadanos, que pueden hacer lo que la ley no prohíbe de forma explícita, los poderes solo pueden hacer lo que la Constitución española señala expresamente. Por ello, señala que las Cortes Generales deben hacer lo que establece el artículo 66.2 de la Carta Magna. En sus competencias, recuerda, se excluye la amnistía y del derecho de gracia solo se han establecido los indultos singulares.

"La amnistía, la facultad de amnistiar, supone una invasión por el Poder Legislativo en el ámbito que la Constitución reserva al Poder Judicial", ha subrayado. Y señala otros principios constitucionales que son incompatibles con esta medida de gracia que se está debatiendo en la Cámara Baja: el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad.

También cuestionó el contenido sobre que se alzarán las medidas cautelares en los procedimientos a los que se aplique la futura ley de amnistía incluso cuando se presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por último, destacó que la norma carece de una finalidad legítima. "Esta no es una amnistía para la convivencia, sino para la investidura, para la conservación del poder, cueste lo que cueste", concluyó.