La farsa de Ferraz o cómo quitarle el cetro a Sánchez

Cuando la familia de Soraya Sáenz de Santamaría presentó en 2013 una denuncia por el escrache que se realizó frente a su domicilio (en el que estaba su hijo pequeño), los jueces valoraron que no se exhibieron armas ni explosivos y que la protesta no fue convocada para cometer delito de coacción o atentado. A mí me extrañó este amparo, en nombre de la libertad de expresión, por tratarse de una madre con un menor, pero la Audiencia Nacional señaló en el auto que archivó el escrache, que «los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio que los de un individuo particular pues, a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control permanente de sus hechos». Y añadía: «Estas perturbaciones no se encuadran dentro de la violencia o la fuerza que requiere el tipo de coacciones y sí en el ámbito de la libertad de expresión, y son consecuencia inevitable del derecho de manifestación».

El precedente permitió entender después las protestas frente al chalet de Pablo Iglesias. Y me temo que ahora no hay nada nuevo bajo el sol. Es menor gravedad la de quemar una efigie que la de rodear la casa de un representante. Y, por supuesto, mucho menor que agredirlo físicamente, como se hizo con Mariano Rajoy. En este último caso se pasa de las libertades a los delitos.

¿Pueden o no pueden los españoles decir que no quieren este presidente? Conviene señalar que no hablamos del ciudadano Pedro Sánchez, sino de un mandatario detestado por amplias capas de la población. Que se sepa, este es un estado libre. Manifestarlo golpeando un ninot puede ser poco fino y muy agresivo, pero no entraña peligro público alguno.

Cuestión diferente es debilitar las instituciones, como hacen los que queman la Constitución española, banderas nacionales o imágenes del Rey. Ahí se pone en solfa el sistema de libertades mismo y el orden que nos hemos dado. Y aún así, el PSOE ha dado luz verde al debate en el Congreso de la despenalización de las injurias contra la Corona. ¿Cómo entender entonces que en Ferraz se opongan a las piñatas de personajes públicos?

Quemar en efigie no es nuevo y tiene larga tradición desde la Edad Media. Se ejecutaba así a quien había fallecido, huido o, sencillamente, no había sido capturado. Culminaba de este modo un juicio con consecuencias civiles, como la confiscación de los bienes, el pago de compensaciones o la enajenación de títulos o prebendas. Las efigies se usaban también en eventos políticos. En la «Farsa de Ávila», los partidarios de Alfonso, hermano de Isabel La Católica, lo proclamaron rey después de haber depuesto a Enrique IV, cuya figura presentaron sobre un tablado mediante un monigote vestido de negro y coronado, al que desproveyeron de corona, cetro y espada.

El folklore ha conservado estos ritos y son muchos los pueblos de España que queman figuras simbólicas de Judas Iscariote o del diablo e incluso de personajes públicos más o menos conocidos, como se hace en las Fallas, las hogueras de San Juan o los carnavales. Es difícil que los tribunales condenen lo que no pasa de ser una algarada callejera. En Ferraz, después de meses de protesta contra la amnistía otorgada por Pedro Sánchez a los independentistas, se ejercita una libre expresión que puede resultar zafia, pero nada más. Ni se critica la patria ni la forma de Estado, no se cuestiona tampoco la democracia ni los valores que la sustentan, se protesta contra la forma en que este presidente gobierna. Se señala una política determinada. Y eso no constituye delito. Como ha indicado curiosamente la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar: «Si me lo permiten como jurista, odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos».