La condena de Álvaro García Ortiz ha sido la gota que ha colmado el vaso en la Fiscalía. Aunque el fiscal general goza del apoyo de sus más allegados dentro de la institución -y así se apreció cuando fue despedido entre aplausos antes de acudir a al primera sesión del juicio del Tribunal Supremo- su inhabilitación por un delito de revelación de secretos ha vuelto a provocar una honda grieta en Fortuny.

Voces fiscales consultadas por LA RAZÓN explican que el ambiente en la Fiscalía General es de desánimo y reiteran que el fiscal general tendría que haber dimitido en el mismo momento en que se abrió causa contra él por la filtración del correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ya entonces la mayoritaria Asociación de Fiscales y la APIF pidieron su cese para no tener que arrastrar a la institución hasta este punto. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, respaldó su continuidad.

Pero lo cierto es que son muchos los miembros de la carrera que sostienen que la campaña de desprestigio a la que se está viendo sometida la Fiscalía es inédita. Incluso el Consejo Fiscal (que lo integra una mayoría conservadora tras el descalabro de los progresistas en las últimas elecciones) pidió su dimisión por el bien de la institución ya que su continuidad ponía en entredicho la labor del resto de sus miembros. La mayoría del órgano explicó que su permanencia en el cargo iba a causar una gran impacto al ente, más allá de que saliera indemne del inédito proceso judicial.

Un cese tardío

Muchos de ellos avanzaron el daño reputacional de que se sentara en el banquillo de los acusados o que cuestionara la instrucción del magistrado Ángel Hurtado. Lo cierto es que el proceso ha tenido momentos especialmente delicados para la institución, como el registro en su despacho en noviembre del año pasado, sus alusiones veladas a un posible "lawfare" con esta causa o, ya en el juicio, sus correcciones al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien apuntó a la Fiscalía General de la filtración del correo y también a Moncloa, desde donde monitorizaron una rápida reacción política contra Ayuso previa publicación en prensa de la comunicación privada.

Sin embargo, el fiscal general nunca tuvo en mente apartarse, al menos hasta ahora. De hecho, siempre trasladó que dejar el cargo supondría una victoria para los que le acusaban y que no se podía ser culpable de defender la verdad. Un alegato que reiteró en sede judicial y que ha apoyado su camarilla más cercana dentro de la Fiscalía.

Pero el Tribunal Supremo no ha concluido lo mismo. A falta de conocer los razonamientos jurídicos, la condena se ha impuesto. Cinco de los siete magistrados le ven culpable de un delito de revelación de secretos por el que le han condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa 7.200 euros además de una indemnización de 10.000 al empresario Alberto González Amador.

Una Fiscalía partida en dos

Sin embargo, y al margen de la condena, los fiscales consultados consideran que el daño ya está hecho y que todo este proceso era evitable. Además, una parte importante de la carrera ha sido también especialmente crítica con la postura que ha adoptado la Fiscalía en el procedimiento, que ha pedido su absolución a lo largo del mismo. Su representante ha sido la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de García Ortiz.

Los fiscales siempre alertaron que no podría actuar con independencia, máxime porque el Ministerio Público es un órgano jerarquizado a cuya cabeza se encuentra su jefe directo. Además, el fallo del Supremo supone otro varapalo más a la Fiscalía en detrimento de las acusaciones populares, que le situaron como el "filtrador" del correo de González Amador y le acusaron de actuar, además, con un fin claramente político.

Precisamente el trasfondo político de la situación es lo que realmente preocupa a los fiscales críticos con García Ortiz. Los mensajes de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acerca conocidos gracias a Juan Lobato han permitido conocer que Moncloa también se movilizó aquellos 13 y 14 de marzo de 2024 para queel entonces secretario general del PSOE madrileño pudiera sacarle el correo a Díaz Ayuso en la Asamblea.

Cercanía al Gobierno de Sánchez

Y lo que más lamentan es que esta politización del órgano no es nueva. Antes de que se produjera esta filtración que marcará la historia de la Fiscalía, García Ortiz ya sumaba grandes detractores por su cercanía con el Gobierno de Pedro Sánchez. Cabe recordar que el Tribunal Supremo tumbó el criterio que fijó para aplicar la conocida ley del "sí es sí" y que, además, también corrigió su negativa a investigar a Carles Puigdemont por delito de terrorismo en el marco del caso Tsunami Democràtic. La Sala de lo Penal, la misma que le ha condenado, acordó por unanimidad abrir causa contra el expresidente catalán por este grave delito, pese a que la Fiscalía había informado en contra.

A ello hay que sumarle que la negativa del CGPJ a avalar su idoneidad como fiscal general (pronunciamiento insólito en el órgano de gobierno de jueces) o el duro fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo por el que se anuló el ascenso de Dolores Delgado y que le acusó de actuar "con desviación de poder". Con todo, uno de los episodios que más grietas generó dentro del Ministerio Público se produjo en plenas acusaciones de "lawfare" por parte de los socios del Gobierno a los fiscales del procés y otros miembros de la institución.

Muchos de ellos remitieron una carta a García Ortiz en la que denunciaron que les "ignorara deliberadamente" y que no les defendiera de las duras acusaciones que se escucharon desde los partidos independentistas catalanes, entre otros. Ahora, la etapa de García Ortiz llega a su fin con su condena y son muchos los que aguardan un cambio en esta institución que tiene, por mandato constitucional, la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.