La Fiscalía pide expulsar del país a un acusado de actos intolerantes durante la Semana Santa

La Fiscalía ha solicitado la expulsión del territorio español durante ocho años para A.K., un ciudadano marroquí sin residencia legal en España que permanece en prisión provisional desde el pasado 13 de abril acusado de protagonizar varios actos intolerantes en templos religiosos de Almería durante la Semana Santa de 2025.

El escrito de acusación, presentado ante la Audiencia Provincial y al que ha tenido acceso EFE, atribuye al acusado un delito leve de hurto, un delito de amenazas a colectivo religioso y otro de perturbación de actos religiosos, además de aplicar la agravante de discriminación por motivos religiosos prevista en el artículo 22.4 del Código Penal.

Según el relato fiscal, los hechos comenzaron en la noche del 10 al 11 de abril de 2025, cuando A.K., que cuenta con orden administrativa de retorno dictada por la Subdelegación del Gobierno en Almería, se dirigió a una vivienda situada en el barrio de Pescadería y sustrajo del balcón una imagen de Cristo crucificado de grandes dimensiones, valorada en unos 70 euros.

El objeto, perteneciente a la Hermandad Marianista del Calvario de Pescadería, fue arrancado del lugar donde se exhibía durante los preparativos de la Semana Santa.

Dos días después, el 11 de abril, Viernes de Dolores, alrededor de las 19:45 horas, el acusado accedió al interior de la iglesia de San Roque, sede de la citada hermandad, mientras se celebraba un acto del vía crucis.

Según la Fiscalía, comenzó a proferir gritos, insultos y gestos ofensivos hacia las imágenes religiosas y los fieles, lo que obligó a suspender la ceremonia y cerrar el templo con llave ante el temor de que pudiera realizar algún acto violento contra los asistentes.

La acusación sostiene que el 13 de abril, Domingo de Ramos, A.K. volvió a irrumpir en la misma iglesia mientras se celebraba el oficio religioso, con la cara ensangrentada y en un estado de gran excitación. Se dirigió directamente al altar y profirió insultos e increpaciones ante numerosos fieles, lo que generó una situación de pánico y obligó a detener nuevamente la liturgia.

Para el Ministerio Público, estos episodios constituyen actos destinados a atemorizar a la comunidad cristiana del barrio, por lo que reclama la imposición de las siguientes penas: tres meses de multa por el delito leve de hurto o, alternativamente, 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad; un año y seis meses de prisión por amenazas a colectivo religioso; y un año de prisión por perturbación de actos religiosos.

A las penas de prisión se añaden prohibiciones de acceder a templos o lugares de culto durante un periodo total de hasta tres años.

No obstante, la Fiscalía solicita que la pena privativa de libertad sea sustituida por la expulsión del país, conforme al artículo 89 del Código Penal y la Ley de Extranjería, al no tener el acusado residencia legal ni arraigo en España. En caso de que no se pudiera ejecutar la expulsión en el plazo de 60 días, se propone el ingreso en prisión para el cumplimiento efectivo de la condena.

El Ministerio Fiscal también reclama que A.K. indemnice a los perjudicados por los daños ocasionados a la hermandad y por la sustracción del objeto religioso.

La causa se sigue en la Audiencia Provincial de Almería, tras instruirse en el Juzgado de Instrucción número 3, que decretó su ingreso en prisión tras la detención ocurrida el 13 de abril, Domingo de Ramos.