Tribunales

La Fiscalía reclama prisión provisional para Álvaro Romillo tras su declaración por la millonaria macroestafa

Los afectados se suman y piden al juez de la Audiencia Nacional que lo encarcele para evitar su fuga

Álvaro Romillo, líder de Madeira Invest Club, al que la Comisión Nacional del Mercado de Valores catalogó como 'chiringuito financiero'
Álvaro Romillo, líder de Madeira Invest Club, al que la Comisión Nacional del Mercado de Valores catalogó como 'chiringuito financiero' LRLR

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que Álvaro Romillo ingrese en prisión provisional por la millonaria macroestafa que habría liderado con Madeira Invest Club (MIC), según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Los cientos de afectados, que ejercen la acusación, también han reclamado al juez que lo investiga que entre en la cárcel de manera preventiva. Recordaron en sala que mantiene vínculos familiares con Albania, donde reside la familia de su esposa, y República Dominicana, dado que es el país en que vive la hija de su pareja y el novio de esta.

Tanto la fiscal como los abogados de sus antiguos inversores defendieron este viernes ante el magistrado José Luis Calama que existe riesgo de que se fugue al extranjero, destruya pruebas y que su permanencia en libertad amenaza la protección de las presuntas víctimas.

Habrá que esperar a que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 resuelva si ve procede su ingreso en prisión provisional. Hay que recordar que ayer el instructor mandó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que detuviese a Romillo para garantizar su declaración y ante la posibilidad de que "tratase de evadirse al extranjero".

Romillo, por su parte, admitió durante su comparecencia que son 2.700 los clientes del MIC afectados y mantuvo, como ha venido haciendo, que no hay estafa y el problema fue la ruina económica del negocio.

Este empresario es el mismo que confesó haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para sufragar su campaña electoral para las últimas elecciones europeas en que consiguió un escaño en Bruselas. Su revelación fue el germen de que el Tribunal Supremo, actualmente, investigue si el líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) cometió un delito de financiación ilegal de partidos políticos.