La UCO detiene a Álvaro Romillo a un día de su declaración por la millonaria cryptoestafa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves a Álvaro Romillo, a un día de que declare ante la Audiencia Nacional por la millonaria estafa con criptomonedas que se investiga si cometió con Madeira Invest Club (MIC), según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

El magistrado José Luis Calama ha ordenado a los agentes que procedieran a su arresto para evitar que "trate de evadirse al extranjero" y asegurar así que comparezca mañana en sede judicial y preste declaración en calidad de imputado. Su detención ha tenido lugar en un hotel, situado en el entorno de la madrileña calle de Génova, en que se estaba alojando.

El viernes, a las 08:00 horas, pasará a disposición judicial, tal y como confirman las citadas fuentes consultadas por este diario. En el auto que ordena su captura, al que ha tenido acceso este diario, el juez señala que dos informes finales -uno de la Agencia Tributaria y otro de la UCO- "ponen en evidencia la existencia de sólidos indicios racionales de criminalidad" contra Romillo.

Quien, "aprovechando su popularidad en redes", entre enero de 2023 y septiembre de 2024, "desarrolló" con el MIC "un negocio fraudulento de captación de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".

En este reciente informe, la Benemérita puso de relieve que en el entramado el MIC ejercía "de eje sobre el que organizan y ejecutan una estafa piramidal" con la que se llegó a recaudar "más de 260 millones de euros".

Según las investigaciones, era un "club privado de inversiones" que prometía a sus inversores "rentabilidades mínimas de un 20% anual previo pago de una cuota anual".

A Romillo se le atribuye un supuesto delito continuado de estafa, que por su " notoria gravedad y el perjuicio causado a una generalidad de personas, atendiendo al valor de la defraudación", podía llegar a ser castigado con "hasta 18 años de prisión". Así como otros de organización criminal y blanqueo de capitales "con la pena de prisión de seis meses a seis años".

Este empresario es el mismo que confesó haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para sufragar su campaña electoral de las últimas elecciones europeas en que logró un escaño en Bruselas.

La denuncia de Romillo permitió la apertura en el Tribunal Supremo de la causa contra el líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) en que se indaga en si pudo haber una financiación ilegal de su formación política.