En plena polémica por el reparto de los menores migrantes y con las duras imágenes de la tragedia en El Hierro sacudiendo conciencias, altos cargos del Gobierno han defendido en el Tribunal Supremo -en la vista convocada para dirimir el conflicto migratorio entre la Administración central y el Ejecutivo canario- que el Ejecutivo no se "desentiende" de los menores extranjeros solicitantes de asilo en Canarias porque la competencia corresponde a la comunidad autónoma y están, por tanto, "bajo su tutela". Pero al mismo tiempo la Abogacía del Estado ha admitido que no ha atendido a ningún menor demandante de protección desde que hace dos meses el alto tribunal le ordenó hacerse cargo de ellos.

En sus alegaciones, el abogado del Estado ha defendido que el Gobierno ha cumplido con el requerimiento efectuado por el Tribunal Supremo hace dos meses, instando a la Administración central a hacerse cargo del millar de menores en esta situación (el Ejecutivo de Fernando Clavijo los cifró hace dos meses en 1.008, un número que ahora ha ascendido a 1.221, de los que Interior reconoce por ahora únicamente como solicitantes de asilo a 762). Además, ha puesto en valor el protocolo "que se está negociando con el Gobierno de Canarias" para preservar el interés superior de los menores, aunque "esto no excluye" -ha matizado- que los recursos en la Administración insular "son limitados".

"Cualquiera de las medidas que se adopten será con la intervención previa del Ministerio Fiscal", ha dejado claro antes de hacer referencia a los "problemas que se han presentado en la identificación" de los menores, una documentación que "todavía no se ha recibido", lo que ha impedido "evaluar individualmente" a los solicitantes de protección internacional.

"Se va a tratar de desplazar a otros centros de la península" a migrantes adultos, ha explicado, para aliviar la situación en Canarias. Y al mismo tiempo, ha recalcado, está prevista "la apertura de 150 plazas adicionales". No obstante, el representante de los Servicios Jurídicos del Estado ha calificado de "imprescindible" la colaboración del Ejecutivo de Canarias para "poder contar con medios adecuados".

Canarias afirma que no se ha "hecho nada"

Por su parte, la letrada de la Administración insular ha insistido en que "absolutamente ninguno de los menores" ha sido atendido de forma individualizada, pese a las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo, ni se ha dado ningún paso para reclamar documentación pendiente "si es que les faltaba".

En su intervención, ha denunciado la situación de "desamparo" de los menores a la espera de asilo y ha reprochado a la Administración General del Estado que esos informes que echan en falta "se han solicitado ahora". Esos menores, ha afirmado, siguen bajo la responsabilidad de la comunidad autónoma "sin que se haya hecho nada" por parte del Gobierno.

El protocolo, se ha quejado, se presentó "ayer a última hora" tras ser elaborado "de forma unilateral" por la Administración central. Tras cuestionar la efectividad de las medidas que contempla, la representante del Gobierno canario ha afirmado que la intención es "dilatar el proceso" frente al interés del Supremo en agilizar la adopción de medidas que impidan perjuicios irreparables a los menores, por lo que considera que "el auto no ha sido cumplido".

Solo 45 plazas disponibles en Canarias

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal han escuchado el testimonio de varios directores y subdirectores generales de departamentos con competencia en la materia, convocados por el Supremo ante las dudas sobre una posible inacción del Gobierno ante las medidas cautelares acordadas para garantizar el derecho de los 1.200 menores no acompañados que actualmente, según datos del Ejecutivo autonómico, están a la espera de que se tramite su solicitud de protección internacional.

Según los datos facilitados por una de las comparecientes -Amapola Blasco, directora general del Ministerio de Inclusión-, al Ejecutivo le consta que 724 menores han formalizado su solicitud de asilo (tras realizar el Ministerio del Interior un cribado de un listado de más de 5.000 menores remitido por el Gobierno insular).

Pero según han expuesto, ahora mismo existen solo 45 plazas disponibles en Canarias, de un total de 1.437 repartidas por toda España. Para paliar esta situación, Juan Luis Balterra, subdirector general de Planificación en la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Sistema de Acogida Internacional, ha avanzado que en los "próximos tres o cuatro meses" se incrementarán en 150 el número de plazas.

Reuniones con Interior

"Es una de las cosas en las que estamos trabajando", ha explicado a preguntas del presidente de la Sala, el expresidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, aunque ha precisado que su puesta en marcha no solo depende de la Administración del Estado, sino también del Gobierno canario (en todo lo relativo a la dotación de los recursos necesarios y a la tramitación de las plazas de acogida).

Los testigos han coincidido en asegurar que no se habían enfrentado a una situación similar hasta ahora. Preguntado Balterra por el motivo por el que Interior no ha adoptado medidas para paliar la situación de estos menores, el testigo ha vuelto a apuntar que "el modo de acogida era a través de las comunidades autónomas".

"¿Tenían conocimiento de que en Canarias se estaban acumulando un número importante de menores solicitantes de asilo?", se ha interesado Lesmes. Pero el alto cargo ha replicado que "hasta la fecha no nos llegaban esas solicitudes".

El presidente de la Sala, muy incisivo, ha indagado en la coordinación con Interior ante la avalancha de solicitudes de asilo, a la que el alto cargo se ha referido como "una situación muy delicada". "¿No se trató este problema?". "Mantuvimos reuniones con Interior para intentar habilitar algunos puntos para la tramitación -ha explicado- y en algún caso se consiguió acelerar el proceso".

Lesmes, incisivo: "¿Eran conscientes de los perjuicios?"

"¿Eran conscientes de los perjuicios que se podían derivar?", ha enfatizado Lesmes. "Precisamente por eso hemos mantenido reuniones con Interior...".

El presidente del tribunal ha puesto sobre la mesa la desatención del Gobierno ante estas solicitudes de asilo por menores no acompañados en sus preguntas a la subdirectora general Amparo González Ferrer, a quien le ha pedido que le explique si actúan "en coordinación" con Interior o como "compartimentos estanco". "Ellos actúan primero y nosotros después. Muchas personas solicitan protección internacional, pero no acogida", ha afirmado la testigo. A lo que Lesmes ha precisado: "Cuando se trata de personas vulnerables, normalmente sí".

"¿Ustedes de los menores no acompañados se desentienden totalmente?", le ha preguntado directamente el presidente de la Sala. "No nos desentendemos. No están dentro del ámbito de nuestras competencias hasta el día de hoy", ha explicado.

Otro de los comparecientes, Octavio Rivera, director general de Protección Internacional, ha respaldado la versión de sus compañeros: "No tenemos competencias en materia de sistema de acogida". Y aunque ha reconocido la "gran presión de solicitudes", y que el número de las que tramitan los menores no acompañados "se ha ido incrementando", ha hecho hincapié en que "nuestra preocupación es tramitar los expedientes con las mayores garantías".

Rivera ha asegurado al tribunal que Canarias es la comunidad autónoma que acumula un mayor número de solicitantes "por la llegadas irregulares". Según ha referido, desde mediados del pasado año empezaron a mantener reuniones "con la presencia de Acnur" y a preparar un listado de menores no acompañados solicitantes de asilo "que estuvieran en el sistema de protección de menores bajo la tutela de Canarias". Pero ha dejado claro que "no podemos tramitar la solicitud sin esa documentación" (los expedientes que según defiende el Gobierno debe tramitar el Gobierno canario).

"No es indiferente estar cuatro años esperando"

"No considero un problema que una persona haya manifestado su voluntad de solicitar la protección internacional y no la haya formalizado", ha defendido el testigo, para quien desde ese momento inicial el solicitante está protegido por el sistema. Pero tal y como ha puntualizado Lesmes, "no es indiferente estar cuatro años esperando".

"Mucho antes de cualquier requerimiento empezamos a relacionarnos con el Gobierno canario para instruir esos expedientes", ha referido indicando que esos contactos se produjeron ya en 2021. El objetivo, ha recalcado, es la "instrucción ágil" de esos expedientes, lo que no implica -ha matizado- una "rápida instrucción" por las especiales características del menor y porque pueden verse "paralizados por la falta de documentación".

"¿Qué han hecho para agilizar la presentación de las solicitudes para acceder al sistema de acogida de cientos de menores sabiendo que es un colectivo vulnerable -ha preguntado Lesmes- y especialmente desde el requerimiento de este tribunal hace dos meses?".

"No está habiendo dificultades distintas de acceso respecto a las que pueden tener los adultos", ha replicado antes de admitir que "el sistema está sobretensionado". "Se está pudiendo acceder al sistema", ha defendido no obstante, "pero ser menor no acompañado no es una garantía en el acceso al sistema nacional de protección internacional".

Propuesta de protocolo

El Tribunal Supremo emplazó al Gobierno a detallar en una vista pública las medidas adoptadas para hacerse cargo de 1.200 menores extranjeros a la espera de asilo en Canarias tras constatar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no había dado cumplimiento a las medidas cautelares acordadas por el alto tribunal el pasado 25 de marzo, instándole a tramitar antes de diez días su acogida en España.

La Sala de lo Contencioso adoptó esta decisión en el marco del conflicto que mantiene abierto el Gobierno canario con la Administración central respecto al acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. El Gobierno, que se escuda en que su sistema de protección internacional está dirigido a la atención de adultos o familias, ha enviado hace unos días al Ejecutivo insular una propuesta de protocolo "abierto a aportaciones" para solucionar la situación.

Los magistrados, disconformes con la documentación enviada por el Ejecutivo sobre las medidas llevadas a cabo para ejecutar esa orden cautelar, instaron al Gobierno a detallar su actuación respecto a los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado protección internacional o expresado su voluntad de solicitarla. El Supremo recabó incluso un listado detallado de los menores ya evaluados con vistas a su acogida y de los que aún están pendientes de esa evaluación. Y en el caso de los que ya se han beneficiado de ese sistema de acogida, el alto tribunal se interesó por el medio de acogida brindado a cada uno.

Canarias denuncia su "abandono"

La Sala también echó de menos en la documentación remitida una relación de los recursos destinados a este fin y, en el caso de que no sean suficientes, de la batería de iniciativas emprendidas para conseguirlos "por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas" y los plazos previstos.

Por último, requirió a la Administración central la identificación de las entidades administrativas que han llevado a cabo todas estas actuaciones y de los "acuerdos o protocolos" concertados con el Gobierno insular, con un "calendario detallado establecido para su ejecución".

Respuestas que no encontró en los papeles remitidos por el Gobierno, de los que el Supremo dedujo que no se había "dado cumplimiento en sus propios términos" a su requerimiento. Los magistrados comprobaron que, pese a todo, no se habían facilitado a esos menores "los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado, sistema al que estos menores tienen pleno derecho, y cuya implantación efectiva se revela, además, imprescindible". Un incumplimiento que forzó la celebración de esta vista, a la que también convocó a representantes del Ejecutivo autonómico de Fernando Clavijo.

El Gobierno central descarga en la comunidad autónoma de Canarias la competencia "en materia de acogida de menores migrantes" y negó que la situación de esos menores se haya producido por su inactividad.

Sin embargo, Canarias replica que la "clara falta de ejercicio de la competencia estatal exclusiva" en materia de asilo le empuja a asumir "indebidamente" el sistema de acogida de protección internacional, perjudicando a los menores afectados -pues prolongar esta situación, se queja, "perjudica la salud mental de los menores y los revictimiza"- y mermando los presupuestos autonómicos. Y va más allá al denunciar el "abandono" de Canarias "por falta de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar la solidaridad territorial efectiva".

Colapso del sistema de protección de menores

Una supuesta inacción que, según pone de relieve en su demanda, "colapsa el sistema de protección de menores de Canarias con la consiguiente devaluación de la atención que a estos menores migrantes solicitantes de asilo presta el sistema autonómico y en detrimento, asimismo, de la atención que ha de prestarse a los restantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias".

En la resolución en la que acordó esas medidas cautelares para evitar daños irreparables a los menores solicitantes de asilo, el Supremo apuntó a la existencia de "una clara concurrencia competencial de ambas administraciones, estatal y autonómica, sobre estos menores no acompañados solicitantes de protección internacional".

En ese afán por precisar las competencias al respecto de ambas administraciones, la Sala expuso que como menores "en evidente situación de desamparo" su estatuto de protección a cargo de la comunidad autónoma "no puede ser obviado". Pero, precisó, "cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo, sobre dicho estatuto debe necesariamente converger el que a esta solicitud atribuye la legislación de asilo, que está a cargo del Estado", tal y como establece el artículo 149 de la Constitución.

Según los datos de ACNUR, entre enero de 2023 y noviembre del pasado año 546 menores no acompañados presentaron una solicitud de protección internacional y otros 350 están a la espera de ser atendidos, mientras que 325 más ya la han pedido y están citados para presentarla.